El durísimo auto de la sección primera de la Audiencia denegando la suspensión de la condena de 9 meses y un día de prisión, o su sustitución por una multa, para Jaume Matas deja pocas puertas abiertas para el que el ex president del Govern eluda la cárcel, aunque pida el indulto. La resolución del tribunal censura la corrupción en las Administraciones Públicas y ataca la creencia de algunos políticos que, como Matas, piensan que sus delitos van a quedar impunes.

Matas puede seguir los pasos de su exredactor de discursos, el periodista Antonio Alemany, que fue condenado por el Tribunal Supremo a 2 años, 3 meses y un día por apropiarse de casi doce mil euros del Govern destinados a elaborar unos reportajes, que nunca hizo.

La sección primera de la Audiencia dictó hace unas semanas un auto dando cinco días a Alemany para entrar voluntariamente en la cárcel de la carretera de Sóller. El veterano periodista comunicó al tribunal que había solicitado el indulto al Gobierno y solicitó que su encarcelamiento se aplazara, en espera de si le otorgaban la medida de gracia o no.

Los magistrados fundamentaron la suspensión en el hecho de que si Antonio Alemany ingresa en la cárcel y meses después le llega el indulto, esta medida devendría inútil dado el cumplimiento de buena parte de la condena.

La fiscalía anticorrupción pidió que Alemany fuera inmediatamente a un centro penitenciario, criterio que no compartieron los magistrados.

Rueda de prensa en San Jordi

Dada la postura de la sala, Matas no tendrá más remedido que pedir el indulto para su condena de 9 meses y un día. Matas fue ministro de Medio Ambiente en un Gobierno de José María Aznar, donde Mariano Rajoy era vicepresidente primero y ministro del Interior.

Curiosamente Matas podría depender de un excompañero de gabinete para eludir su encarcelamiento.

La práctica habitual en la Audiencia de Palma es, cuando se pide el indulto, dejar sin efecto la prisión en los casos de penas privativas de libertad inferiores a tres años hasta que recaiga la decisión del Gobierno. Sin embargo, este criterio no es automático y admite matices.

El caso de Matas, dado el auto de ayer, podría ser un supuesto con unas circunstancias excepcionales. El tribunal destaca en su resolución que el expresident del Govern no ha dado muestras de asumir la comisión del delito de tráfico de influencias, ni de estar arrepentido por el perjuicio que ha causado a la sociedad balear.

En este sentido el auto no lo menciona pero cabe recordar la rueda de prensa ofrecida el pasado julio por Matas en la Colònia de Sant Jordi, donde festejó ante los medios informativos su sentencia como si fuera un claro caso de absolución total.

La Audiencia proclama que la conducta de Matas al ordenar a sus subordinados en el Govern que dieran un trato de favor a su periodista de confianza, Antonio Alemany, a la hora de concederle ayudas públicas, no es una falta leve. Más al contrario, se trata de un tráfico de influencias grave que perturba el buen funcionamiento de las instituciones públicas y es contrario al ejemplo que deben dar los gobernantes de honestidad.

Multa irrisoria

Las tres magistradas de la sección primera tildan de multa irrisoria los 10.840 euros que Matas ha ofrecido pagar para no entrar unos meses en prisión. Las jueces añaden que con ese dinero no se repara el delito cometido.

El auto de la Audiencia insiste en todo momento en que la aceptación o denegación de la suspensión de una condena de cárcel leve debe explicarse, debe fundamentarse. No es algo automático, ni que queda al capricho del tribunal.

Para basar el rechazo a la propuesta del expresident del Govern, el tribunal recuerda lo ocurrido con otros expolíticos mallorquines, también sentenciados por corrupción. Así el auto menciona al exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, condenado a dos años de prisión por gastarse dinero del Ayuntamiento en clubes de alterne masculinos, y de Joaquín Rabasco, otro antiguo edil de Llucmajor, sentenciado a dos años por fraude en unos contratos públicos.

A ambos se les denegó la suspensión de su encarcelamiento.

La sala recuerda también un auto de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona en el llamado caso Pallerols, otra trama de corrupción política. A la hora de ejecutar las condenas (muy leves) a los implicados en esa trama, el tribunal afirmó que ordenaba su ingreso en prisión para advertir a otros políticos de que no deben corromperse.