El Govern, los consells y los municipios de las islas han acordado hoy no modificar la Ley General Turística en relación a la regulación de los alquileres turísticos de viviendas vacacionales, ya que entienden que la misma no prohíbe este tipo de arrendamientos sino que los regulariza.

El conseller de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, ha dicho que "el consenso en estos momentos es que no se tiene que modificar la ley", ya que ni la normativa autonómica ni la de arrendamiento urbano nacional "no han cambiado nada de nada", en relación al alquiler de las viviendas plurifamiliares, que sigue estando prohibido en el caso de que se comercialicen también servicios turísticos.

Delgado ha realizado estas declaraciones tras la reunión que ha mantenido durante dos horas, junto al vicepresidente del Govern y conseller de Presidencia, Antonio Gómez, con los presidentes y representantes de turismo de los consells insulares, de la Federación de Entidades Locales de las Islas Baleares (FELIB) y de varios municipios sobre este asunto.

El conseller ha dejado claro que por ahora se ha decidido entre todos que no es necesario modificar la Ley General Turística, que desde su aprobación en julio de 2012 ha permitido legalizar unas 4.500 viviendas de turismo residencial en todo el archipiélago, frente a las 5.000 que se habían regularizado en veinte años.

Este amplio número de legalizaciones ha sido posible, ha explicado Delgado, debido a que la ley amplió y flexibilizó estos alquileres, y ahora incluso se pueden arrendar con fines turísticos pareados y viviendas unifamiliares en suelo rústico que antes no se permitía.

Ha aclarado que el ciudadano de las Islas Baleares que quiere alquilar su vivienda por un día, una semana o meses puede hacerlo con un contrato de la ley de arrendamiento urbano "perfectamente", tal como lo podía realizar hace "un año" o "quince", y lo que está prohibido para ellos es la explotación y canalización de servicios y portales turísticos, tal como no se permitía antes.

Delgado ha precisado que lo que era y sigue siendo ilegal es el alquiler plurifamiliar, es decir de "pisos y apartamentos con explotación y canalización turística", tal como se consensuó con los consells y ayuntamientos al momento de aprobar la ley hace un año.

Ha detallado que, tras la reunión de hoy, se ha decidido que continúe así, pero que el Govern "no gobernara en contra de los intereses de una isla y en favor de los intereses de otra".

En este sentido, ha precisado que "si algún día alguna isla quiere cambiar la tipología que pueda ser susceptible de alquiler turístico (plurifamiliar, unifamiliar, pareado, entre otras) lo hará la isla, para no ir en contra de los intereses de otra", a través de un reglamento de la ley o del Plan Territorial Insular (PTI), una vez que cada consell tiene cedida la ordenación y promoción turística, excepto el de Mallorca.

Durante el encuentro, los consells de Ibiza y Formentera se han mostrado "rotundamente" en contra de cambiar el sistema actual de alquileres turísticos de viviendas residenciales, mientras que los de Mallorca y Menorca (cuyo presidente no ha podido asistir al encuentro) han dejado abierta la posibilidad.

"No impondremos un sistema a Ibiza que a lo mejor quiere Mallorca y si alguna vez alguna isla quiere salirse de este sistema, que parece es el que quiere la mayoría, será el consell el que cambiará el sistema de la tipología constructiva para adaptarlo a los intereses de esa propia isla, pero el Govern no impondrá a ninguna una tipología que no quiere", ha insistido.

En opinión de Delgado, en torno a este asunto se ha generado una confusión y polémica innecesarias y ha afirmado que la Cámara de Comercio de Mallorca está a favor de la regularización de este tipo de alquileres, mientras que la de Ibiza sea ha mostrado en contra.

Ha apuntado que actualmente los inspectores turísticos están más ocupados en regularizar las plazas hoteleras que en realizar controles en los arrendamientos de viviendas vacacionales, que se llevan a cabo en cuanto hay denuncias de los vecinos.

Delgado ha afirmado que se calcula que un 9 % de los turistas que llegan a las islas se alojan en apartamentos turísticos residenciales ilegales.