El eterno opositor Manuel Fraga reprochaba a su alumno Felipe González que "sólo acierta cuando rectifica". Esta sentencia otorgaría un mínimo de esperanza al Consell de Mallorca, salvo que la institución no se limita a modificar sus decisiones, sino a anularlas completamente por un imperativo legal que debió prever. Así ha ocurrido con demasiada insistencia en el despido de trabajadores asociados, en la importación de basuras cancelada sin explicación y en el contrato con Mac Insular sobre escombros. El caso de los residuos de la construcción demuestra que el Consell no acierta ni cuando rectifica, pues el PP intentaba corregir un contrato emanado de su seno.

Keynes replicaba desafiante que "cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión, ¿qué hace usted?" Sin embargo, ni el Consell ni el Govern han adaptado su política de despidos a una reforma laboral que estaban en la obligación de aplicar correctamente, aunque Bauzá declarara que "los jueces han cambiado de criterio". Jugaron a la ruleta del orgullo con la conciencia de que su capricho podría salir caro. Y con dinero ajeno.

Rectificar es de sabios, pero el Consell pretendía violentar normas firmes y establecidas. Este comportamiento anula la sabiduría de la rectificación, recalca el dudoso apego a la legalidad de los gestores políticos de la institución y plantea dudas sobre la asesoría técnica que reciben. De las calderas de la institución ya surgieron los dictámenes arquitectónicos y jurídicos que desembocaron en el escándalo penal de Can Domenge.

Los sobrecostes de las decisiones fatídicas recaen sobre los contribuyentes. Verbigracia, los trabajadores cuyo despido han anulado los tribunales serán indemnizados con dinero público. Se repite así la paradoja de Montoro, cuando amenaza con sanciones económicas a las comunidades que no cumplan los objetivos de déficit. La elemental pregunta sobre la fuente de esas multas tiene una respuesta también elemental. Los contribuyentes abonarán una factura suplementaria por haber elegido a gobernantes de dudosa competencia y del mismo partido de quien multa.

El Consell no paga la novatada. María Salom o Catalina Soler poseen veteranía sobrada para desenvolverse en una institución intrascendente, cuyo único destino racional es la extinción según admiten los padres del Estatut que la creó. Aunque es probable que el Consell no supiera ni autodisolverse.