La consellera de Educación, Juana María Camps, tiene un nuevo frente abierto en su isla natal. Tras las sanciones a tres directores de institutos, se suma la polémica por la dimisión ayer del delegado de Educación en Menorca, Guillermo Ferrer Monjo. Ferrer, que es profesor de Religión, fue nombrado para el cargo el pasado viernes por el Consell de Govern. Antes de que ni tan siquiera haya tomado posesión, ya ha comunicado al Ejecutivo autonómico que renuncia al puesto.

El principal motivo que aduce para abandonar el cargo público son las críticas que ha recibido, pero no por ser un ferviente cristiano al frente de la educación pública, sino por las reprobación "de algunas personas y sectores de la propia comunidad cristiana".

Ferrer es diácono permanente, además de profesor, periodista y exdirector de la radio Cope en Menorca. Tras hacerse público su nombramiento, recibió las críticas de varios feligreses por no haber solicitado el permiso previo del obispo menorquín, Salvador Giménez.

En una carta publicada por el diario Menorca, Ferrer se defendió de las acusaciones vertidas por los católicos contra él y su familia. Afirmó que, como diácono laico que es, no tenía que solicitar autorización episcopal. "Creo que mi decisión, aunque es legítima, sincera, legal y del todo coherente, con lo que pienso y con lo que creo, ha podido herir la sensibilidad de algunos de mis hermanos con los que comparto la fe en Jesucristo", alega el dimisionario.

Ferrer asevera que no comparte las críticas: "Pero por encima de todo está mi estima a la Iglesia, el amor a mi familia y mi vocación como diácono". En su misiva, también carga contra los medios de comunicación que le han definido como "diácono, periodista y escritos" -él se define así en las redes sociales-. "Antes que periodista y que profesor me siento hijo de Dios y de la Iglesia", arguye.

El Consell de Govern le nombró delegado de Educación en Menorca el pasado viernes tras la dimisión de Julián Hernández, que desde era el responsable del cargo desde que el PP llegó al Ejecutivo autonómico en 2011. Hernández presentó su renuncia por la polémica sanción impuesta a tres directores de institutos de Secundaria que aprobaron los proyectos lingüísticos de sus centros, pero no acataron las modificaciones que les impuso el Govern para la aplicación del decreto del TIL (tratamiento integral de lenguas). La dimisión del diácono Guillermo Ferrer revuelve aún más las aguas del sector educativo menorquín y complica la situación a la consellera Camps.