Las sucesivas sentencias que dicta la Audiencia Provincial dibujan un desolador panorama de los atracos a contrato armado perpetrados contra las arcas públicas de Balears. Apenas conocemos unas pocas sentencias y la indignación ciudadana ha alcanzado niveles próximos a la venganza. Las rebajas de pena irritan con independencia de la formación política a la que pertenezca el beneficiado con una nueva interpretación de las leyes por parte de los jueces. Sin embargo, incluso cuando acaben todos los procesos en marcha, tan solo habremos vislumbrado una reducida parte de la realidad. Sucede como con el tráfico de drogas, después de un experimento americano en un control fronterizo, se llegó a la conclusión de que apenas se detecta el 10% del comercio mundial. ¿Existe acaso un estupefaciente que enganche más que el poder y el dinero público al alcance de la mano?

En el caso Can Domenge hablamos de cuatro millones de euros pagados en sobornos por la empresa que ganó el concurso. Un cohecho solo juzgado a medias porque hay otra causa abierta y reconocido por los que pagaron y la mayor parte de los que cobraron. Si nos atenemos a la diferencia de precio entre lo cobrado por la venta del solar público y la valoración de los peritos, la diferencia es de 30 millones. En el caso Voltor las cantidades de referencia son una secuencia de contratos, unos de 12.000 euros, otros de 3.000. (¿Cuántos contratos por la primera de las cifras habrán firmado las administraciones? Es más difícil que contar los granos de una playa o las estrellas del firmamento). En Scala, el asalto al CDEIB se valora en ocho millones. En Turisme Jove volvemos a las adjudicaciones que pueden hacerse a dedo, es decir, las de menos de dos millones de las antiguas pesetas. En la primera pieza de caso Palma Arena juzgada y sentenciada en firme, el saqueo se asoma a los 600.000 euros, el umbral de los antiguos cien millones de pesetas.

Ladrones de andar por casa, ladronzuelos de poca monta y grandes desvalijadores del dinero de todos. Tacita a tacita o en camiones, el dinero salía del Tesoro y acababa en bolsillos privados. Y no se puede olvidar que la remuneración en comisiones de las empresas también se carga al presupuesto de la obra o concesión gubernamental a la que se asocia.

Avanzamos en la maraña de la corrupción poco a poco y gracias a las investigaciones judiciales. La trama que nos ha robado millones de euros que resultarían muy útiles en un momento en el que escasean ¿Cuántos puntos de deuda pública desaparecerían si estos fondos estuvieran donde toca? ¿Cuánto podríamos dedicar, ahora que es necesario, a inversión pública si no se hubiera despilfarrado lo que no se tenía? Porque está es la segunda parte de la ecuación maldita en la que nos encontramos: el derroche.

Tenemos un metro a la Universidad que no llega ni al 10% del nivel de tráfico necesario para alcanzar el umbral de la rentabilidad social. Un Palma Arena que, al margen de las comisiones que se investigan, costó unos 110 millones de euros, más del doble de lo presupuestado y se utiliza de uvas a brevas. Un palacio de congresos que nadie quiere y que, si un día se inaugura, lo hará con al menos siete años de retraso y en un momento de crisis y de contención de las grandes empresas a la hora de organizar convenciones. Pero el despilfarro no se ha concentrado solo en las grandes infraestructuras. ¿Cuánta gente ha trabajado en la administración solo para colocar a alguien del partido o a un familiar?, ¿cuánto se ha derrochado en saraos inaugurales o en hoteles de lujo excesivo?

Las sentencias judiciales nos iluminarán sobre una parte, pequeña, del dinero público sustraído. Sobre una parte del despilfarro nos ilustran los mausoleos levantados a mayor gloria del político que lo impulsó. Y a veces también para engordar las cuentas corrientes del poder y sus aledaños. Entre unos y otros -los ladrones y los despilfarradores- han dejado este país más desolado que la porción de la Serra de Tramuntana arrasada por el incendio de esta semana.