La Fiscalía pide el ingreso en prisión de Munar por riesgo de fuga

Así, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma estudiará esta petición de la Fiscalía durante la vistilla que ha comenzado esta mañana, solicitada por los fiscales para pedir medidas cautelares contra Munar, tras hacerse pública la sentencia del caso Can Domenge, según la cual ha sido condenada a 6 años de cárcel.

Cabe recordar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares condenó este martes a seis años de prisión a Munar, por un delito de fraude a la administración (tres años) y por otro de revelación de secretos(tres años) en el juicio del caso Can Domenge.

Así, la condena es la misma que solicitaba la Fiscalía Anticorrupción, al igual que ha sucedido con el exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, quien ha sido condenado a cuatro años de prisión, de los cuales dos son por fraude a la administración y los otros dos por revelación de secretos.

Mientras, el exconseller de Territorio Bartomeu Vicens ha sido condenado, tal como solicitaba la Fiscalía, a ocho meses de prisión, de los cuales seis son por el delito de fraude a la administración y dos por revelación de secretos.

Por su parte, el máximo accionista de la empresa adjudicataria de los terrenos, Román Sanahúja ha sido condenado a un año de cárcel, al igual que pedía la Fiscalía, de forma que seis meses son por el delito de fraude a la administración y seis meses por uso de información confidencial.

Por otro lado, tal como solicitaba la Fiscalía, el exconseller de Hacienda del Consell de Mallorca Miquel Ángel Flaquer ha sido condenado a un año de prisión por fraude a la administración y el letrado externo de la empresa adjudicataria de los terrenos, Santiago Fiol, ha sido condenado a un año y medio de prisión, de los cuales nueve meses corresponden a un delito de fraude a la administración y nueve meses a un delito de revelación de secretos.

"MÓVIL ECONÓMICO"

Concretamente, la Audiencia Provincial de Palma apunta en su sentencia a la existencia de un "móvil económico" que llevó a los inculpados a beneficiar a la promotora Sacresa con la venta de los solares palmesanos por debajo de su valor real, siendo un negocio de "tan sabrosas perspectivas" y todo ello "merced a algún tipo de cohecho que movió las voluntades apropiadas".

Si bien el tribunal de la Sección Segunda no entra a valorar la existencia del presunto soborno -cuyo pago está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma-, asevera no poder "vendarse los ojos" e ignorar las confesiones vertidas al respecto, dando respaldo por tanto "al móvil económico para justificar la venta por concurso y precio topado" y no mediante el procedimiento de subasta, que hubiera imposibilitado el "manejo" del proceso y la obtención de algún tipo de comisión.

Tal y como recalca la resolución, existen elementos e indicios que apuntan al "concierto fraudulento" al que llegaron los acusados para defraudar al Consell con la venta de Can Domenge, el bien inmueble "de mayor valor que tenía entonces la Institución", por treinta millones de euros, cuando varios peritajes elevan su precio por encima de esta cantidad. Según la sentencia, para beneficiar a Sacresa y sin que su actuación "en modo alguno estuviese presidida por el interés general, sino por su deseo de controlar el proceso de enajenación".

Así las cosas, el tribunal recalca cómo Munar "supervisó la totalidad de la tramitación, coordinando y decidiendo qué conseller debía efectuar qué trabajo y delegando si era necesario sus funciones", aseverando que fue de ella de quien partió "el falaz argumento" de que el proceso buscaba un proyecto emblemático para justificar el concurso y no la subasta.

Además, añade, era la competente para decidir sobre la aprobación del expediente de contratación mientras que, para dar apariencia de regularidad al expediente, procedió a ampliar el plazo del concurso quince días más y sugirió al entonces conseller de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer -también condenado-, que avocase la propuesta de adjudicación al pleno del Consell, "con el objeto de acallar los rumores de amaño del concurso, sabedora de que el pleno le daría respaldo gracias al pacto de gobernabilidad suscrito [por UM] con el PP".

"Resulta a todas luces inusitado e incomprensible, y contrario a toda lógica y sentido común, que los acusados y en consecuencia el Consell, dado que la tramitación del expediente correspondía a su Presidencia, la hubieran realizado los acusados por el procedimiento de concurdo, en lugar de ir a una subasta, que es el procedimiento normal de enajenación de bienes inmuebles", asevera la sentencia, incidiendo en que el interés público que debería regir en una operación de venta "naturalmente debería ser el obtener el mayor beneficio posible".

"RESULTA IMPENSABLE UNA IMPRUDENCIA INUSITADA" EN LOS ACUSADOS

En este sentido, el tribunal expresa su "convicción" de que, puesto que "resulta impensable que los acusados, unos abogados o licenciados en Derecho y un economista hubieran procedido con imprudencia inusitada", actuaron así porque la venta mediante concurso "les permitía controlar el proceso de enajenación y decidir a quién o a quiénes de los licitadores les convenía adjudicar el concurso, e igualmente favorecía la posibilidad de solicitar una compensación económica al ganador del concurso".

Es por ello que la Sala considera que un elemento "importante a tener en cuenta" para llegar al convencimiento de que los acusados se concertaron con Sacresa, y entre ellos mismos para "utilizar como instrumento un informe de valoración que cuantificaba el precio de los terrenos por debajo de su valor en el real", es la justificación que se empleó para eludir el proceso de subasta y acudir al concurso.

LA BÚSQUEDA DE UN PROYECTO EMBLEMÁTICO

Haciendo hincapié en este aspecto, los magistrados de la Sección Segunda aseveran que el argumento de que se buscaba una edificación emblemática que proyectar en los terrenos, "no constituye más que una excusa o urdidura utilizada por los acusados -siendo de Munar de quien parte la idea- para eludir el sistema de subasta y que se hace así con la finalidad de asegurar el control de la enajenación, posibilitando el concierto con Sacresa". Con ello, prosigue, se lograba la venta de los solares por debajo de su valor en el mercado.

En esta línea, la Audiencia considera "llamativo" que si se buscaba que se realizase un proyecto emblemático, las bases del concurso exigieran la realización de un proyecto completo, para lo cual se concedía para su elaboración un tiempo "claramente insuficiente", mientras que "tampoco es lógico, ni se corresponde con esa finalidad, que la mesa de contratación estuviera compuesta únicamente por un arquitecto".