24 de julio de 2013
24.07.2013
Análisis

De Molt Delinqüent a Delinqüent

Frente a la inhibición del Supremo con el corrupto Matas, la Audiencia de Palma sigue condenando la corrupción y a Munar

24.07.2013 | 06:30
De Molt Delinqüent a Delinqüent
El Supremo dicta sentencia "en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la Constitución y el pueblo español le otorgan". Hasta donde puede medirse la opinión pública, nunca un tribunal se alejó con tanta vehemencia del "pueblo" que le otorga su legitimidad como al indultar parcialmente a Jaume Matas. El expresident desciende de Molt Delinqüent a Delinqüent a secas.

Respecto a Mallorca, el Supremo se ha comportado como un instancia colonial, situada al margen de la tesis de que "el aumento de casos de corrupción en la nuestra y en otras comunidades ha generado en la sociedad un clima de hartazgo que precisa también una contundente respuesta por razones de prevención". Este pronunciamiento figura en la detallada sentencia en que la Audiencia de Palma revalidó ayer su compromiso contra la corrupción, simbolizado esta vez en una condena de seis años a Maria Antònia Munar por Can Domenge
La Sala Garzón del Supremo sólo condena a los débiles. Sorprende la avidez por perdonar a los poderosos, por parte de jueces cuya vertiente punitiva aflora desde su propia coletilla penal. Francisco Camps, el exministro socialista José Blanco y el exministro popular Matas han recibido un tratamiento versallesco en fechas muy próximas, mientras se condenaba a la pena de muerte profesional al juez que simboliza la marca España en cuanto a lucha contra la corrupción.

El perdón a Blanco sin necesidad de juicio es inseparable de la importante reducción de pena al corrupto Matas, y no sólo por la presencia del exfiscal general Carlos Granados en ambas sentencias. En cambio, los políticos mallorquines sin el paraguas de PP y PSOE reciben penas de cárcel merecidamente ejemplares en el Supremo. Débiles condenas para los poderosos, condenas poderosas para los débiles. El ministro de Aznar se salva de la cárcel, y las instituciones encajan otro golpe en su reputación.

El propio Matas suscribe la atmósfera de camaradería, cuando el político corrupto se alegra desde su lugar de veraneo de que los jueces se hayan sustraído a la presión ambiental. Es decir, han podido actuar en las habitaciones llenas de humo y al margen del condenado –este sí– "pueblo español", que en teoría se pronuncia a través de sus magistrados. El revocamiento de esta peligrosa connivencia figura en la propia sentencia del Supremo. En concreto, en el ejemplar voto particular del magistrado Alberto Jorge Barreiro, que desmantela con dos papirotazos jurídicos la artificiosa construcción de sus compañeros de sala para soslayar la prevaricación del exministro. Es más sencillo desmontar una mentira que urdirla. El juez disidente recuerda a sus colegas que "se da así en no pocas ocasiones la grave contradicción de que la persona que es la máxima responsable de la acción delictiva es condenada como mero partícipe, y quien es un mero ejecutor de los mandatos de su superior, competencial y disciplinariamente, es condenado como un auténtico autor". El suplicio de los débiles y la salvación de los poderosos, aquí en lenguaje jurídico. Por cierto, se añade que "la autora material del delito de prevaricación es Rosa Estarás", con la entusiasta participación de Matas.

La doctrina del Supremo conduce a que Matas no contrató al periodista Antonio Alemany, se lo impusieron sus sedicentes subordinados con aviesas intenciones. En cuanto deje de reír, imagine al pobre president, aislado en el Consolat mientras sus inferiores urdían su perdición y perseguían salpicarle con sus delitos. Interrumpa un segundo la carcajada para recordar que dos de los acusados se confesaron culpables de una prevaricación que según el altísimo tribunal no existe. Nunca hay que subestimar las posibilidades cómicas de la justicia de campanillas.
La sentencia reconoce su atípica misión, en el laborioso estreñimiento que negocia para liberar de la mayoría de ataduras al corrupto Matas. Es un texto culpable hasta el punto de que admite a regañadientes que "podrá existir una irregularidad administrativa, e incluso otra figura delictiva distinta". Magro alivio, sólo merma el crédito del Supremo. Salvado el escollo de la pena de prisión para el exministro, la sentencia fluye con soltura al entretenerse en las culpas mayores de acompañantes como Alemany o Joan Martorell, un director de Comunicación que gozaba de menos autonomía que el pomo de una puerta. Atascado.

No cabe entrar en el mal gusto habitual de Matas, que recibe una condena del Supremo como delincuente con una rueda de prensa desde su lugar de veraneo. Mientras se pavonea, el autor de sus discursos arrastra una pena que conlleva la entrada en prisión, pero al president de Balears nunca le perturbaron las desgracias de sus adeptos. La importancia política de la fecha de ayer radica en el correcto funcionamiento de la sociedad de socorros mutuos PP/PSOE.

En la adaptación provinciana, sorprende la confusión Suprema del funcionamiento de Balears o de cualquier estructura de poder, véase de nuevo el párrafo del voto discrepante sobre la pirámide invertida de la responsabilidad. Aunque el pesimismo ante la condena adelgazada sólo afecta a quienes idealizaron el viraje en la lucha contra la corrupción, sorprende la capacidad de retorcimiento textual, el asalto a los intocables "hechos probados", las acusaciones gravísimas contra los juzgadores que en la Audiencia habrían introducido "elementos subjetivos" o "hechos psíquicos". En efecto, la sentencia bordea a menudo la parapsicología y, en unos magistrados que presumen tanto de Constitución, tal vez conviene recordarles que la palabra "constituida" no se acentúa, aunque ellos la atilden para impostarle la enjundia que sus textos le requisan.
Cambio ministro popular por ministro socialista, para demostrar que la justicia es una ciencia exacta. La sentencia de ayer permite calcular que la suma de condenas a personajes poderosos en los casos de Bárcenas, Urdangarin o los EREs no excederá de cinco años. El "pueblo español", en cuyo nombre se imparte justicia, deberá plantearse si la economía procesal y la monetaria no sugieren la suspensión de causas judiciales diáfanas para cualquiera que no ocupe un sillón en el Supremo.

Entretanto, la sentencia de la Audiencia de Palma contra la trama de UM en Can Domenge exhibe un trabajo hercúleo de desentrañamiento de la maraña burocrática tejida por el partido desaparecido. Munar basó su defensa en la arriesgada tesis de que ignoraba los manejos de subordinados que no pestañeaban sin el permiso de su lideresa. Nadie puede aceptar esta versión en Mallorca, únicamente el Supremo avalaría tan ingenuo desconocimiento. Por desgracia, Munar carece de padrinos en Madrid.

Cabe recordar que sólo se ha juzgado la primera parte del mayor soborno de la historia de España, según han confesado el sobornador, los sobornados y hasta el intermediario de los cuatro millones de euros. En sí misma, la decisión de vender a 30 millones un solar público de 60 millones provoca un estupor superior a cualquier condena penal del "traje a medida", por utilizar los términos de la Audiencia. Sobre todo, porque los dirigentes de UM trabajaron, según constata la condena, a plena luz del día y mientras se amontonaban las críticas a su delictivo proceder.

Los escándalos políticos se descubren años después de haber ocurrido, hasta seis en el caso del Túnel de Sóller. La innovación mallorquina consiste en hacer de Can Domenge un ejemplo de corrupción en directo. Desde el primer momento se alertó a los dirigentes de UM y del Consell de la flagrante ilegalidad en que estaban incurriendo. Nunca podrá decirse con mayor propiedad que los condenados tienen exactamente lo que buscaban, cuando desafiaron abiertamente la reacción a la venta incalificable.

Cabe recordar que UM es el partido de todos los mallorquines. No sólo por su definición, sino porque cada votante de la isla ha aportado su sufragio a alguna formación –PP, PSOE, PSM, IU, Verds– que pactó ocasional o perdurablemente con Munar. Esta transversalidad conlleva el dolor del colaboracionismo, así en los miembros populares del Consell que levantaban dócilmente su mano para apoyar el fraude de Can Domenge como en el tácito asentimiento de Antich a la política de su conselleria de Turismo.

Si hubiera que compendiar las dos sentencias conocidas ayer en un único personaje, Miquel Nadal sintetiza a la perfección a los gobernantes de PP y UM durante la legislatura que va de 2003 a 2007, con todo lo que ello comporta. Carente de personalidad propia, admiraba equitativamente a Munar y a Matas. Según los jueces, también calcó el modo de actuar de sus ídolos, por lo que ha recibido una condena proporcionalmente superior a su arquetipo en el Govern. Icaro voló demasiado alto, sin protección solar.

Un párrafo judicial emitido ayer debería figurar en el frontispicio de todas las instituciones. Tras señalarle las penas, la Audiencia recuerda a Munar que la corrupción de los gobernantes "que utilizan el poder para sus propios y desviados intereses requiere que su castigo y represión sean ejemplares, pues quebrantan la confianza de los ciudadanos en la democracia y en el estado de Derecho". El Supremo opina que tampoco.

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