La política de despidos del Govern Bauzá en sus empresas públicas lleva camino de convertirse en un remedio mucho peor que la enfermedad. Al tumbar los tribunales prácticamente todos los despidos recurridos, el Ejecutivo se enfrenta en algunos casos a indemnizaciones superiores a los 200.000 euros por trabajador; una auténtica sangría para las arcas autonómicas que desvirtúa el objetivo de ahorro para el que se concibió la reestructuración a la baja del sector público instrumental.
El principal escenario de indemnizaciones estratosféricas se localiza en la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), cuyo máximo responsable político es el conseller Biel Company. Esta empresa pública del Govern, que entre otros cometidos gestiona las desaladoras y depuradoras, o la captación y distribución de aguas, licenció el 30 de julio del año pasado a 10 de sus empleados, sin ninguna indemnización. Seis de ellos impugnaron el despido, y hace poco se dictó la primera sentencia favorable para uno de ellos, como publicó DIARIO de MALLORCA.
Tras la avalancha de sentencias en su contra, el Govern tuvo que variar su política el pasado mes de junio. Consiste ahora en readmitir al trabajador despedido, y acto seguido echarle de nuevo a la calle, pero esta vez con indemnización, y además la máxima (45 días por año trabajado, en lugar de los 20 días, con un máximo de 12 meses de paga, a que estaba obligado si hubiese actuado correctamente desde el principio).
Esta estrategia obligará a Abaqua a resarcir con 125.000 euros al susodicho empleado, que ocupaba una plaza de ingeniero, más otros 60.000 correspondientes a los salarios de tramitación, es decir, 185.000 euros en total. La cosa no acaba ahí, ya que otro ingeniero de la misma empresa está a la espera de fallo judicial. De cumplirse todos los pronósticos, la indemnización global a este exempleado superaría los 200.000 euros, y sería la mayor pagada hasta ahora por el Ejecutivo.
Otras dos sentencias desfavorables para el Govern pueden implicar sendas indemnizaciones más en Abaqua por valor de 100.000 euros cada una. En conjunto, solo en compensaciones a cuatro despedidos, dicho organismo se puede ver abocado a desembolsar 425.000 euros, a los que habrá que sumar los salarios de tramitación respectivos, con lo que se llegaría a los 600.000 euros.
Pero Abaqua no es el único caso de elevadas compensaciones. El Govern ha tenido que resarcir económicamente a siete exempleados del Instituto de Innovación Empresarial (IDI), lo que en términos globales ha supuesto más de medio millón de euros en total. Estas personas fueron despedidas a finales de marzo de 2012 sin ninguna contraprestación, tal era entonces el modus operandi del Govern: considerar a los despedidos como trabajadores interinos, y amortizar sus plazas a coste cero. El pasado febrero la Justicia declaró nulos los siete despidos, y se condenó al IDI a readmitir al personal.
Cobrando por estar en su casa
Sus responsables políticos adujeron que las plazas habían sido extinguidas, por lo que los siete exempleados han estado desde entonces cobrando su sueldo por estar en casa, sin ir a trabajar. Ante la escandalosa situación, finalmente el Govern se ha visto forzado a despedir a los siete por segunda vez, pero al hacerlo a deshora, les tiene que indemnizar con 45 días por año trabajado, lo que supone haber multiplicado por tres e incluso por cuatro las indemnizaciones a pagar.
Los cerebros políticos de la reducción de plantilla en las empresas públicas son el ahora conseller de Economía, Joaquín García, y la directora de la Abogacía de la Comunidad, Antònia Perelló. Pese al goteo de varapalos judiciales sufridos, y el elevado coste ahora de las indemnizaciones, el Govern no prevé la asunción de responsabilidades políticas.
