El Govern balear ha vuelto a unir a quienes parecían enemigos irreconciliables. El anuncio por parte de la conselleria de Economía de que está elaborando una nueva ley de comercio ha sido acogido con alarma por la totalidad del sector, tanto establecimientos tradicionales, como cadenas de supermercados y grandes superficies, al no haber sido consultados previamente sobre los cambios normativos que se pretenden aplicar. Aunque desde el citado departamento autonómico se asegura que esa nueva ley "no va a suponer una revolución", las patronales implantadas en el archipiélago coinciden en que no se debería regular esta materia sin conocer previamente la opinión de los afectados, bajo el riesgo de abrir una nueva "batalla" como la que generó el intento de aplicar nuevos impuestos como el de envases.
Desde la citada Conselleria se reconoce su sorpresa ante la preocupación expresada por las asociaciones de comerciantes y ante el desconocimiento que éstas afirman tener sobre esta iniciativa, y se recuerda que esta reforma legislativa ya fue anunciada hace un año en el Consell Assessor de Comerç y posteriormente en el Parlament. Según este departamento autonómico, entre los objetivos de dicha ley está la reducción de trabas administrativas para poner en marcha un nuevo establecimiento, limitar las normas que en la actual legislación van más allá de la actividad comercial, y adaptarse a la legislación europea y española, como podría ser el caso de la ley de mercado único promovida recientemente por el Ejecutivo estatal.
Pero los representantes del comercio en Balears aseguran que en ningún momento se les ha comunicado ni consultado la aprobación de nuevas normas ni su reforma. En este sentido, el presidente de la nueva Confederación Balear de Comercio que agrupa al sector tradicional, Bartolomé Servera, admite que la noticia de la nueva ley le coge "totalmente desubicado", mientras que el portavoz de la asociación de grandes superficies (Anged) en las islas, Francisco García, afirma que ese proyecto le deja "perplejo". Del mismo modo, el presidente de la asociación de cadenas de supermercados del archipiélago Asodib, Josep Mallol, admite también que desconocía esas pretensiones del Govern.
Tanto García como Mallol aseguran que el anterior vicepresidente del Ejecutivo balear, Jose Ignacio Aguiló, lo único que planteó fue modificar la consideración de grandes superficies comerciales en Menorca y las Pitiüses para evitar que el impuesto que se quería implantar sobre éstas afectara a establecimientos de 400 metros cuadrados, elevando en estas islas ese límite hasta aquellas tiendas que superaran los 700 metros.
En cualquier caso, la advertencia al departamento del conseller Joaquín García es clara. El presidente de la Confederación Balear de Comercio recuerda que esta organización se creó precisamente para defender los intereses del sector "con uñas y dientes", porque "lo que está en juego es la supervivencia de miles de puestos de trabajo". Tanto Servera como el portavoz de Anged en Balears coinciden además en que los precedentes no son buenos, como fue el intento de implantar nuevos impuestos. En este aspecto, Francisco García no oculta su temor a que la aplicación de cambios en la ley de comercio puedan generar nuevas tensiones.
Sin embargo, desde el Govern se insiste en que la nueva ley no se aprobará sin haber realizado previamente consultas a los representantes del sector para buscar el mayor consenso posible.
