El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha destacó ayer la validez del testimonio de los arrepentidos en el caso Can Domenge, en el que tres de los seis imputados confesar los hechos que se juzgan, y los ha comparado con los llamados "pentiti" que colaboran con la Justicia contra la mafia italiana.
En su alegato final en el juicio, Carrau ha pedido al tribunal que valore dos aspectos trascendentes de esta causa: que no se trata de meros delitos económicos sino de corrupción y que las confesiones realizadas por varios imputados son válidas, lícitas e incluso aconsejables.
En esta causa, en la que se juzga una supuesta trama para amañar el concurso de venta de Can Domenge a beneficio de Sacresa-Ferratur en 2006, están acusados la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, el exvicepresidente Miquel Nadal, los exconsellers Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, el dueño de Sacresa, Román Sanahúja, y el abogado de la promotora Santiago Fiol.
Vicens, Sanahúja y Nadal han entregado confesiones al tribunal de la Audiencia de Palma y el fiscal se refirió a ellos como "colaboradores judiciales, arrepentidos o 'pentiti'".
Carrau defendió ante la sala que cooperar con la Justicia es válido según el Supremo y el Constitucional y está aconsejado por el Consejo de Europa y que la utilización de las confesiones es "absolutamente pertinente" en esta causa y no cabe rechazarla como una rendición ante los delincuentes.
El fiscal citó al juez italiano Giovanni Falcone, asesinado por la mafia en 1992, quien afirmó que "incentivar la colaboración no es un signo de ceder, es lo contrario, supone el reconocimiento de que el Estado funciona y de que a los delincuentes les es más rentable asociarse y reconocer la fuerza del Estado".
El fiscal Anticorrupción solicitó "graves penas de prisión" para los acusados, que van de los 8 meses de cárcel para Vicens a los 6 años para Munar, porque se trata de "delitos de corrupción, de traición, de deslealtad, que rompen la confianza de los ciudadanos y atacan a la estructura democrática del Estado, delitos que prostituyen las instituciones", afirmó.
Tanto la Fiscalía como el querellante en esta causa, la empresa Núñez y Navarro, sitúan a Munar como máxima responsable de la trama para beneficiar a Sacresa con la venta de Can Domenge y piden 6 años de cárcel para ella.
Según Carrau, durante el juicio se ha mostrado prueba suficiente de que Munar es responsable de los hechos y está involucrada "desde el principio y hasta el final del procedimiento".
Al decidir delegar primero en Nadal y posteriormente en Vicens y Flaquer para que tramitaran el concurso, Munar asumió "personalmente la situación", según Carrau. "Munar es la competente, es la que decide quién ejecuta las cosas (...) y no está ajena a nada de lo que sucede", recalcó.
El abogado de Núñez y Navarro, Cristóbal Martell, dijo de la expresidenta "muestra una extraordinaria capacidad de ostentar el dominio funcional sin aparecer en ninguna de las fotos peligrosas".
Tanto el fiscal como Martell consideran que Nadal mintió al tribunal cuando se atribuyó el amaño del concurso y la decisión de entregar información privilegiada a Sacresa.
Ambos rechazan que se pueda a aplicar a Nadal la atenuante de confesión y piden 4 años de cárcel para él, porque su admisión de los hechos no aportó nada a la investigación.
Para Vicens las acusaciones reclaman 8 meses de cárcel después de que haya admitido su participación y fuera el primero en confesar. Fiscalía y acusación coinciden también en la participación de Flaquer y piden para él un año de cárcel; y en la de Fiol, para quien solicitan al tribunal una condena de año y medio.
Sobre el empresario Román Sanahúja, a quien el tribunal autorizó ayer a ausentarse del juicio, el fiscal dijo que ha admitido su participación y aceptado las penas solicitadas: 1 año de prisión o bien 180.000 euros de multa.
La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones consideran a los acusados responsables de un delito continuado de prevaricación, fraude a la administración y de revelación de secretos grave.
La Fiscalía está de acuerdo con la petición del Consell de Mallorca de reclamar a quienes sean condenados una indemnización de 15 millones de euros, que es la diferencia entre el valor de mercado de Can Domenge (45 millones) y lo que la institución percibió por la venta (30).
El juicio continuará hoy a partir de las 9.15 horas con los alegatos de las defensas de todos los imputados salvo el empresario Sanahúja, cuyo abogado intervino ayer y destacó la buena fe de su cliente al admitir "sus pecados".
