Los alcaldes de Manacor, Andratx, Pollença o Santa Margalida han tomado partido. Rechazan la prohibición de alquilar a turistas los pisos y apartamentos propiedad de particulares. La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley del Turismo de Balears han abocado a la ilegalidad el negocio de miles de mallorquines, sobre todo, cuando publicitan sus propiedades en páginas web.
El alcalde de Pollença, Bartomeu Cifre, del PP, ya expresó su "preocupación" a la conselleria de Turismo cuando redactó la ley que limita el alquiler de corta duración a viviendas unifamiliares y adosados bajo determinadas condiciones. Eso sucedió hace un año. Ahora el Gobierno central ha modificado la LAU, el último clavo al que podían agarrarse los particulares. Con su reforma, el arriendo de viviendas con fines vacacionales pasa a ser competencia de las comunidades autónomas. En principio, este traspaso tiene como objetivo regularizar la oferta ilegal, aunque deja un claro beneficiario: el sector hotelero.
"Esta legislación me provoca un sentimiento decepcionante. En otras zonas puede haber una oferta residencial de baja calidad pero en Pollença el nivel es muy alto. Muchos apartamentos tienen piscina comunitaria, están en primera línea del puerto... Me gustaría que este asunto se regulase por parte de la conselleria de Turismo, como ya sucede en otras comunidades autónomas. En el municipio existe un malestar general porque supone una fuente de ingresos adicional", esgrime Cifre.
Opiniones parecidas se suceden en otras localidades del litoral. "Se está perjudicando a mucha gente. Es una barbaridad porque representa un embolso extra para muchas familias", opina el alcalde de Santa Margalida, Antoni Reus, de Suma pel Canvi. Su homólogo de Andratx, Llorenç Suau (PP), aboga por "regularizar" la situación, pero nunca prohibirla. "Aquí tenemos muchas inmobiliarias y empresas que se dedican a esta actividad con las viviendas cedidas por los particulares", apostilla.
De momento, la conselleria de Turismo se sitúa en el papel del espectador y no contempla ninguna modificación de su Ley para dar cabida a pisos y apartamentos de particulares. "Vamos a ver las consecuencias de la LAU y estudiar el tema", explica Jaime Martínez, director general de Turismo. Martínez reconoce que se abre "un nuevo marco jurídico" donde resulta más fácil sancionar la comercialización de este tipo de estancias vacacionales. No obstante, la capacidad de control de la Comunidad Autónoma es limitada, ya que su plantilla de inspectores se reduce a una quincena.
Uno de los más críticos con el marco legal propiciado en Balears es el alcalde de Manacor, Antoni Pastor (PI). "El turismo es para beneficio de todos los sectores, no solo el hotelero. De esta industria nos tenemos que beneficiar el máximo de gente posible", examina. "Este turismo residencial es familiar, ayuda a llenar aviones, a alargar la temporada y a redistribuir el gasto entre restaurantes, coches de alquiler y otras actividades", agrega.
Los principales beneficiarios de las normas autonómica y nacional, los hoteleros, se muestran dispuestos a que los pisos y apartamentos de particulares se incorporen a la oferta turística de Balears, pero bajo unos requisitos de "habitabilidad y seguridad para que la imagen de las islas no se vea menoscabada", precisa la gerente de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada Benito. "Es una industria que existe pero hay que sacarla del fraude fiscal en el que se encuentra. No nos oponemos a ella pero queremos competir en igualdad de condiciones", abunda. En su opinión, no todos los apartamentos podrán dedicarse al uso vacacional si se fijan unos parámetros mínimos.
Según los cálculos de la FEHM, el arriendo de viviendas fuera del sector hotelero genera unos gastos de 1.067 millones de euros. Si se legalizara, afirma la patronal, la Administración obtendría 202 millones con el impuesto de sociedades, IRPF e IVA.
