20 de mayo de 2013
20.05.2013
Can Domenge

Registran las casas de Maria Antònia Munar y Miquel Nadal

Bartomeu Vicens entregó ayer 160.000 euros que serían parte de un soborno - Tras la confesión de Vicens, la Fiscalía se dirigió al juzgado de guardia para solicitar la práctica de una serie de diligencias entre las que figuran los dos registros domiciliarios

21.05.2013 | 13:12
El fiscal Miguel Ángel Subirán ayer durante el registro de la casa de Miquel Nadal.
La Policía Judicial registró ayer la casa de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, en Costitx y el piso del exconseller de Turismo, Miquel Nadal, en Palma. Esta operación policial se llevó a cabo a instancias del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach.

A pocos días de que comience el juicio por Can Domenge, el caso sufrió un giro inesperado con las revelaciones hechas por Bartomeu Vicens, exconseller de Territorio del Consell de Mallorca y preso desde hace tres años por otro caso de corrupción política. Vicens ha pactado con la Fiscalía una rebaja de condena a cambio de confesar los detalles de la operación de venta del solar de Can Domenge. Sus palabras condujeron a la Policía hasta los domicilios de Munar y Nadal, expresidenta y exvicepresidente de la institución insular, en busca de documentación o dinero relacionados con el cobro de comisiones irregulares en el marco de este caso.

El expolítico de la extinta Unió Mallorquina aseguró a la Fiscalía que se produjeron sobornos en la operación inmobiliaria de Can Domenge. Y señaló directamente a los beneficiarios de esos pagos presuntamente irregulares a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y él mismo, entre otros. De hecho, la defensa de Vicens entregó un escrito ayer en la Audiencia de Palma, así como 160.000 euros que serían parte de un soborno

Can Domenge

El caso Can Domenge se inició en marzo del 2005 cuando el pleno del Consell aprobó la desafección del dominio público de dos valiosas parcelas, situadas junto al Hospital Psiquiátrico y lo que luego sería el velódromo Palma Arena. Los terrenos provenían de las antiguas fincas de Son Casimiro, Son Bestard, Son Oliver, l`Hort de Jesús y Can Domenge, pero se quedaron solo con este último nombre. El polémico concurso para su enajenación se convocó en 2005 y se falló en 2006, a favor de la UTE Sacresa-Pedro Francisco Ferrá Tur (Ferratur). Según han reconocido algunos imputados, Sacresa disponía, desde meses antes, de información privilegiada sobre los planes del Consell y las cláusulas del concurso, datos que habrían sido facilitados por Miquel Nadal por mediación de Santiago Fiol. El 19 de julio del 2006, Munar firmó la escritura de venta de las fincas a las dos constructoras, por 30 millones de euros, la cantidad máxima de licitación establecida en el concurso y que, según las acusaciones, era la mitad de su precio de mercado.

La UTE consiguió créditos hipotecarios por 42 millones de euros, que gravan las parcelas. Sacresa posee el 95% de los solares y Ferratur el 5%. Ambas empresas intentaron devolver al actual Consell las fincas, pero el acuerdo no prosperó debido a las cargas que pesan sobre ellas: las hipotecas y embargos de Hacienda.

El juicio

La Audiencia Provincial de Palma acogerá el juicio por esta causa el próximo 5 de junio. Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Bartomeu Vicens se sentarán en el banquillo acusados de fraude a la Administración y revelación de secretos, delitos que podrían costarles hasta 6 años de cárcel.

Cabe recordar que todos ellos han sido condenados en juicios anteriores. Sobre Munar pesan ya 5 años y medio de cárcel por desviar 240.000 euros del Consell de Mallorca a través de la productora Vídeo U, una pena que de momento no es firme ya que está recurrida ante el Tribunal Supremo. Por su parte, para Nadal podría ser la tercera condena después de la de 2 años y 7 meses por el mismo caso Maquillaje en el que fue considerada culpable Munar, y la de 4 años de cárcel por regalar 13.000 euros al exconcejal de Turismo de Sóller Tomás Plomer a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), en una pieza del caso Voltor.

Bartomeu Vicens es el único de los tres que se encuentra en prisión por otros dos casos de corrupción en los que fue declarado culpable de haber pagado con dinero público proyectos que no se hicieron y dádivas a su contable por facilitarle facturas falsas. Además, el expolítico de Unió Mallorquina tiene pendientes varias causas con la justicia que podrían mantenerle varios años más en prisión. Por ese motivo, ha decidido pactar con la Fiscalía, confesar y conseguir una rebaja de pena.

La defensa de Vicens ha entregado un escrito esta mañana en la Audiencia de Palma, así como 160.000 euros que serían parte de un soborno.

Al presentar la representación de Vicens el dinero en efectivo en la Audiencia, se le ha informado de que debía ingresarlo en un banco.

A raíz de esta iniciativa de Vicens, la Fiscalía se dirigió al juzgado de guardia para solicitar la práctica de una serie de diligencias entre las que figuran los dos registros domiciliarios, han informado fuentes jurídicas.

La Fiscalía Anticorrupción cree que Munar, Nadal y Vicens diseñaron "un traje a medida" al crear un concurso para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge, un solar de más de 52.000 metros cuadrados con capacidad para edificar para 600 viviendas, que se adjudicó a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro, 30 millones de euros frente a 61. Durante la investigación, un testigo relató que el dinero que pudieron percibir los políticos por este supuesto cohecho llegó a Palma en un velero dentro de bolsas de basura.

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