El goteo de sentencias en contra de la política de despidos aplicada por el Govern en sus empresas públicas parece no tener fin. Ayer se conoció una nueva resolución en la que se declara improcedente el cese de dos empleados del servicio de emergencias 112, a los que se rescindió la relación laboral bajo la fórmula de la amortización de su plaza y sin abonarles ninguna indemnización.

Eso supone que estos dos trabajadores han recibido finalmente una indemnización de 45 días por año trabajado, lo que en este caso ha supuesto desembolsos con dinero público de 23.656 y 17.581 euros en cada caso, según los datos facilitados por UGT.

Un aspecto que es especialmente destacado por esta organización sindical es que en la sentencia se mencione la idoneidad de que el Govern hubiera desarrollado un proceso unitario para reestructurar el conjunto de empresas públicas, en lugar de adoptar medidas una por una, una tesis que los responsables de UGT defienden para considerar que los más de 600 despidos por la vía de la amortización de plaza que se han llevado a cabo deberían ser invalidados.

En la sentencia, se recrimina al Govern que se haya utilizado el citado sistema de despido, y no el vinculado a causas económicas, que hubiera supuesto para ambos asalariados una compensación económica de solo 20 días por año trabajado con un máximo de doce meses.

Hay que recordar que el Govern ha tenido ya sentencias en contra de esa política de ceses en empresas como Serveis Ferroviaris de Mallorca, en el Institut de Biología Animal, en la Agencia de Turismo de Balears o en el Instituto de Innovación Empresarial, y que en este último caso hay siete empleados cuyo despido nulo conlleva el que estén cobrando su sueldo desde casa y sin tener que ir a trabajar.