El conseller de Salud, Martí Sansaloni, ha ordenado la retirada de todas las facturas que se hayan podido emitir y el retorno de oficio de las que se hayan cobrado indebidamente a los inmigrantes sin papeles que hayan sido atendidos de urgencia por la sanidad pública balear.

En un comunicado emitido por este departamento se informa de que el conseller ha instado al director general del Servicio de Salud, Miquel Tomàs, a reunirse con los responsables de admisión de todas las gerencias para velar por el correcto cumplimiento de los criterios de atención a los inmigrantes en situación irregular "sin excepción".

De acuerdo con el documento "Criterios generales de aplicación sobre la asistencia sanitaria que el Servicio de Salud debe prestar a todas las personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario", elaborado en agosto pasado, los inmigrantes en situación irregular tienen garantizada la asistencia sanitaria gratuita para tratamientos urgentes.

También tienen derecho, independientemente de si su residencia en España es legal o irregular, los menores, las embarazadas y los enfermos con dolencias infecciosas y mentales, así como los casos de asilo político y las víctimas de trata de seres humanos.

"Esta atención no supone ningún facturación para el paciente", asegura la conselleria, que ha hecho estas aclaraciones a raíz de la polémica por la muerte por tuberculosis de un inmigrante senegalés al que se le retiró la tarjeta sanitaria.

El conseller de Salud afirma en el comunicado que desde el "primer día" se investigan los hechos ocurridos en relación con la muerte de este paciente senegalés el 21 de abril y que él es el "primer interesado" en aclarar "todos los hechos".

Aunque se trata de un caso "excepcional", desde el primer día que se tuvo conocimiento de la muerte de esta persona, los técnicos del Servicio de Salud las Islas Baleares iniciaron una investigación exhaustiva de todo el proceso, tanto por parte de la inspección médica como de los servicios jurídicos.

El conseller ha recalcado que el paciente fue atendido tanto en Atención Primaria como en el Hospital Comarcal de Inca y que se activó el protocolo de detección de salud pública.

En concreto, el paciente visitó la Unidad Básica de Salud de Can Picafort el 25 de febrero, donde explicó que hacía un mes que tenía tos y que el hijo de un amigo de la familia estaba ingresado en el Hospital Comarcal de Inca afectado de tuberculosis.

Tras valorar al paciente, la doctora le hizo una prueba rápida llamada "PPD" para descartar la tuberculosis. Tres días más tarde, el 28 de febrero, la prueba dio resultado negativo.

Sin embargo, para asegurarse, la médico remitió al paciente a Urgencias del Hospital Comarcal de Inca para que le hicieran una valoración y una radiografía del tórax con el objetivo de descartar la tuberculosis.

Entre el 28 de febrero y el 5 de abril no se tiene constancia de ningún documento o reclamación por parte de este paciente.

El 5 de abril el paciente acudió con tos y dolor al tragar a Urgencias del Hospital Comarcal de Inca, que no tiene constancia de que el paciente aportara ningún tipo de documentación de las visitas que realizó con anterioridad a Atención Primaria.

El médico de urgencias diagnosticó una bronquitis aguda y le recetó un antibiótico y un antiinflamatorio. Asimismo, en el informe de alta se le recomendaba que acudiera a su médico de familia para evaluar la evolución de su dolencia.

Según la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca, este paciente no acudió posteriormente a ningún centro de salud.

De manera paralela, en febrero ingresaron en el Hospital Comarcal de Inca dos niños por tuberculosis relacionados con el paciente senegalés, por lo que se activó con "diligencia" el protocolo de salud pública y se identificaron y trataron a todas las personas que estaban en contacto con los menores.

También se intentó identificar hasta en tres ocasiones al paciente senegalés, pero ningún familiar aportó información para poder localizarlo.

El protocolo de actuación ante la sospecha de enfermedades de salud pública se activa siempre, con independencia de la situación administrativa en que se encuentre el paciente, asevera la conselleria.

Según este protocolo, se abre una investigación para identificar a los familiares y las personas del entorno del paciente con el objetivo de aplicar el tratamiento y el seguimiento necesarios.