La jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que declaró como testigo en el juicio por un presunto desvío millonario de fondos públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), aseveró que "en todas las organizaciones criminales y no criminales hay un jefe, y en este caso era Josep Juan Cardona", en referencia al exconsejero de Comercio, Industria y Energía en el último Gobierno de Jaume Matas (2003-2007).

Así lo puso de manifiesto en su comparecencia, en la que, a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, recalcó que las presuntas irregularidades cometidas eran "clamorosas" y incidió en que, ya desde el inicio de las investigaciones, se constató que Cardona, también expresidente del CDEIB, era "el que mayor poder tenía para que todo llegase a una buena negociación". "Si se hubiera echado para atrás, [la contratación] no hubiera ido hacia adelante", recalcó de forma tajante.

La responsable policial recordó cómo, en el marco de las pesquisas, se toparon con contratos cuyo presupuesto "se superaba con creces" al ser adjudicados, mientras que el mismo día "llegaba a firmarse numerosa documentación". "Todo era muy evidente", añadió al respecto, afirmando que quienes estaban al frente de esta presunta trama eran tanto Cardona como la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas.

En esta misma línea se pronunció un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, quien afirmó que los hechos investigados "hacen muy difícil no pensar" que el exconsejero "estuviera al margen" de los supuestos desvíos, que se plasmaban en los "millonarios ingresos" que obtenían siempre las mismas empresas contratantes, que posteriormente "hacían transferencias a las cuentas personales" de los responsables del CDEIB o a empresas "que habían sido expresamente creadas para captar los fondos".

El testigo manifestó que del análisis de la numerosa documentación intervenida al inicio de las investigaciones y de los interrogatorios practicados se desprendía cómo "se vestían las contrataciones que se habían hecho a dedo" mientras que se encargaban trabajos "que tenían un nivel de estudiante de Secundaria que se hubiera puesto a buscar por Internet" y que eran abonados "con 11.000 ó 12.000 euros".

Tal y como explicó, las contrataciones recaían "siempre" en las mismas sociedades, que a su vez "debían pagar un porcentaje a través de empresas creadas para ello como Gabinete Alays o Franco Galaica", vinculadas a esta supuesta trama urdida en torno al CDEIB. Es más, ha señalado que "había adjudicaciones en las que ni siquiera había expediente".

LAS CAJAS DE COLA CAO ESTABAN "ENTRE ZANAHORIAS Y TOMATES"

Preguntado por la detención de Ordinas y la posibilidad de que ésta hubiera podido manipular documentos, el funcionario aseveró que la acusada "no pudo tener ningún acceso" a los mismos puesto que "estaban custodiados en Policía y en el Juzgado". Además, manifestó que la exgerente no parecía esperar su arresto, sino que tan sólo "podía haber estado prevenida pues desde la Administración se le había requerido la devolución de un dinero".

Asimismo, respecto al registro de la vivienda de Ordinas en Consejo, en cuyo jardín fueron halladas dos cajas de Cola Cao con dinero procedente de las comisiones que habría cobrado de la trama, recordó que, sin que la exalto cargo hubiera dicho dónde se encontraba el dinero, "hubiera sido imposible dar con él". En este sentido, otro de los funcionarios que ha sido interrogado ha señalado que los botes se encontraban en un huerto, "entre zanahorias y tomates".