El Govern balear puede verse obligado a readmitir en sus puestos a decenas de trabajadores de empresas públicas que han sido despedidos durante los últimos meses, al aparecer las primeras sentencias que declaran nulas estas suspensiones de la relación laboral. Aunque desde el Ejecutivo autonómico se ha anunciado que está dispuesto a recurrir incluso ante el Tribunal Supremo, los representantes legales de estos trabajadores y los sindicatos advierten de que la Comunitat Autònoma puede acabar afrontando cuantiosas indemnizaciones.

El Govern empleó la figura de la ´amortización de plaza´ para dejar sin empleo a trabajadores indefinidos no fijos de sus empresas públicas para evitar el pago de indemnizaciones. Sin embargo, las últimas sentencias sostienen que ese sistema solo puede aplicarse sobre interinos, por lo que esos despidos están siendo declarados nulos. Según apunta Juan Calatayud, abogado de CC OO, ya son tres las sentencias que se han registrado en este sentido. La última de ellas se hizo pública esta misma semana, y exige la reincorporación en sus puestos de siete empleados del Instituto de Innovación Empresarial (IDI).

El problema que se plantea es múltiple. En primer lugar, el Govern justificó su despido alegando que la plantilla del IDI estaba sobredimensionada, tras haber absorbido a otras empresas públicas, como Ifebal, CEEI y CDEIB. Eso supone que esas siete personas tienen que volver a una plazas que ya no están dotadas y percibir su sueldo, a no ser que se les vuelva a despedir alegando causas económicas, con la correspondiente indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 meses, opción esta última que es la que baraja CC OO.

Pero en segundo lugar, a estas personas hay que abonarles el denominado salario de tramitación, es decir, el que deberían de haber cobrado desde que fueron despedidas hasta el momento en que se reincorporen (aproximadamenbte un año). Aunque este abono se puede aplazar si se presenta el correspondiente recurso, si finalmente el Supremo da la razón a los trabajadores, el próximo Govern se puede encontrar con la obligación de cubrir estos desembolsos.

Un aspecto a destacar es que desde el Govern se afirma que esta situación podría afectar a un máximo de 150 trabajadores despedidos, pero desde Esquerra Unida se ha cifrado ese número en 598.

En opinión del secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Josep Ginard, lo que el Govern ha hecho es "jugar a los dados", es decir, arriesgarse a despedir a esos trabajadores sin ninguna indemnización para no tener que hacer frente en este momento a las indemnizaciones, a causa de su obligación de limitar el déficit público, pero arriesgándose a que el próximo Ejecutivo autonómico se vea obligado a hacer frente a pagos muchos más elevados que los que inicialmente hubieran correspondido por valor de 20 días por año trabajado.

En este sentido, se recuerda que durante los próximos meses seguirán apareciendo sentencias en relación a los despidos de trabajadores indefinidos no fijos de empresas públicas, que pueden ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, y posteriormente llegar ante el Tribunal Supremo, cuando se solicite la unificación de doctrina. Eso puede suponer un plazo de varios años hasta que se produzca una resolución definitiva.

En cualquier caso, Josep Ginard valoró el que se esté dando la razón a los sindicatos cuando denunciaron la irregularidad de los citados despidos.