El titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza que investiga el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos. El duque y su exsocio deberán abonar la cuantía de forma solidaria y en un plazo de de cinco días desde la notificación para evitar el embargo de sus bienes.
En el auto, de más de 500 folios, Castro conmina a los imputados a comunicar si tienen antecedentes penales y, además, indica a la Comunidad Valenciana la posibilidad de adherirse a la reclamación de la fianza.
Con esta decisión, el juez atiende la petición de la fiscalía y del sindicato Manos Limpias, al tiempo que rechaza las alegaciones presentadas por el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, en las que defendía que las contrataciones efectuadas por el Instituto Nóos fueron totalmente correctas, y que, además, su cliente no ocupaba más que una mera "función representativa" en la asociación con la que presuntamente se desviaron fondos públicos.
Cabe recordar que el pasado 21 de noviembre, la Fiscalía presentó en el que señalaba que el Instituto Nóos recibió un total de casi seis millones de euros de dinero público gracias a que las administraciones quisieron beneficiar a Iñaki Urdangarin por su condición de integrante de la familia real. Anticorrupción defendía -y defiende- que todos estos proyectos se aprobaron alterando la legalidad y que en muchos casos también se manipularon los expedientes administrativos para justificar estos negocios.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach detalló cada una de las partidas de dinero público que recibió el instituto Nóos y las administraciones que lo pagaron. Así, por ejemplo, de Baleares recibió casi dos millones y medio de euros por la organización de las jornadas turísticas y por la mediación que tuvo el duque de Palma para que el Govern patrocinara el equipo de ciclismo. El resto del dinero lo recibió el instituto de Urdangarin por las tres ediciones que se celebraron en Valencia por las jornadas de ciudad y turismo, y por la organización de los Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse, pero por los que se recaudaron 380.000 euros públicos.
El escrito de la fiscalía estuvo guiado, en parte, por un informe realizado por los inspectores económicos del Estado, que apunta a que todo el procedimiento administrativo utilizado para maquillar los contratos públicos fue irregular.
Por su parte, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también presentó ese mismo día su escrito, de 30 páginas, en el que pidió la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.
Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, entonces dirigida por el dirigente del PP Esteban González Pons, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa que por Ley deben exigirse (un tercio de la cantidad global solicitada).
URDANGARIN Y TORRES ALEGARON CONTRA LA FIANZA
Por su parte, el pasado 15 de enero, el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, explicó que había presentado un escrito de alegaciones contra la fianza, en el que explicaba que el Duque de Palma únicamente tenía un papel "representativo" en el Instituto Nóos, y que los contratos firmados eran correctos.
"Nos oponemos a cualquier fianza porque mi cliente es inocente", insistió Pascual Vives, quien afirmó que en caso de que Urdangarin tuviera que hacer frente al pago de 8,1 millones de euros, no dispondría de esta cantidad en "efectivo".
Mientras, Torres, a través de su abogado, Manuel González Peeters, también presentó el pasado 15 de enero sus alegaciones contra la fianza en las que señalaba que, al no ser funcionario público, no puede ser tenido como sujeto activo de un delito de prevaricación, sino en todo caso partícipe, lo que le excluye del pago de una responsabilidad civil.
En su escrito, el exsocio del duque de Palma afirmaba que "no es verdad" que el Instituto Nóos cometiera "acto ilícito de suerte alguna" y que, bien al contrario, su actuación "se llevó a cabo (...) con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos, económico, social, etc".
