­Diego Torres, el exsocio del duque de Palma, ha sufrido un doble revés judicial. La Audiencia ha rechazado dos recursos presentados por su abogado, Manuel González Peeters, contra dos decisiones adoptadas por el juez Castro. La primera era contra el auto que autorizaba el registro del domicilio particular del exprofesor universitario, y la otra contra la decisión del juez de no entregarle copia en DVD de las declaraciones de una serie de imputados. En ambos casos, los recursos han sido rechazados.

El letrado denunciaba que la entrada y registro en el piso particular de Diego Torres había ocasionado un grave atentado a su derecho a la inviolabilidad del domicilio. Diego Torres denunciaba que la Policía y el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, habían realizado el registro de su domicilio cuando la investigación se encontraba bajo secreto de sumario y, por tanto, no había podido tener acceso a los datos obtenidos. Además, en el recurso denunciaba también que fue él quien había entregado a los investigadores el material de facturas que le había reclamado el juzgado y que habían sido estos documentos la base de la posterior investigación policial.

Es la segunda vez que Torres recurre el auto de entrada y registro, pero de nuevo se ha rechazado su argumento de defensa. El tribunal de la Audiencia entiende que no es el momento procesal para resolver esta cuestión, pero reconoce que no se puede calcular las consecuencias que tendría para la investigación del caso Nóos la posibilidad de declarar nulo este auto de registro.

La Sala, al igual que ya hizo en un recurso que planteó la cantante Ana Torroja (investigada por un delito fiscal) defiende que el juez Castro, al ordenar la actuación policial, no se limitó a redactar un auto estereotipo. El magistrado relató la trama que se estaba investigando y detalló las razones legales que le llevaban a realizar esta actuación en el domicilio de Torres.

El auto de desestimación del recurso del exdirectivo del instituto Nóos señala que el domicilio fue registrado en presencia de Ana Maria Tejeiro, esposa de Diego Torres, que pudo observar con sus propios ojos como los investigadores buscaban los documentos de la trama y volcaban los archivos informáticos aparecidos en el domicilio del exsocio de Iñaki Urdangarin.

La defensa de Torres no solo cuestiona el registro de su domicilio particular, sino también considera ilegal la actuación realizada en las oficinas de los hermanos Tejeiro, donde se depositaba la mayor parte de la documentación de las actividades del instituto Nóos y de la empresa Aizoon, propiedad de los duques de Palma. El letrado se quejó de que este registro de la oficina se realizó sin la presencia de los administradores de la empresa, alegación que también ha sido rechazada por el tribunal.

La misma suerte ha corrido también la excusa de que fue Torres el que entregó los primeros documentos que permitieron iniciar la investigación. El tribunal recuerda que Torres entregó estas pruebas asesorado por su abogado, que debió explicarle las consecuencias que llevaría aparejada esta entrega.

También rechazan los jueces que sea un motivo de anulación que el juez no haya autorizado a Torres la entrega de copias de las declaraciones.