El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, ha pedido al juez que instruye la investigación del caso Nóos que rechace la petición de fianza de las acusaciones para su defendido, exsocio de Iñaki Urdangarin, por considerar que es "desatinada" y no se ajusta a derecho.

El letrado presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Efe, en el que afirma que "no es verdad que el Instituto Nóos" y sus responsables cometieran "acto ilícito de suerte alguna" por lo que rechaza la petición de fianza.

La Fiscalía y Manos Limpias coincidieron en reclamar para Torres y Urdangarin la misma cantidad, 8.189.448 euros de fianza, en esta causa que investiga el supuesto desvío de unos 6,1 millones de las administraciones autonómicas balear y valenciana entre 2004 y 2007, a través del Instituto Nóos. Además, la comunidad balear, como acusación particular, pidió una fianza de 3.498.014 euros.

González Peeters niega "toda la retahíla de inadmisibles afirmaciones" acusatorias en los tres escritos y no comparte la opinión del Ministerio Fiscal de que los responsables de las administraciones públicas, de acuerdo con los del Instituto Nóos, tomaron decisiones administrativas arbitrarias e injustas para beneficiar a personas concretas.

El abogado pone como ejemplo que varios de los acuerdos que firmó Torres fueron con consellers del Govern balear, por lo que no cabía tener dudas de la "bondad y absoluta licitud" de los mismos, y asegura que su defendido no conocía de nada a esas personas, de manera que tampoco pudo concertarse con ellos.

Añade que Torres "no tenía, ni tiene, ni podía ni puede tener la menor idea, ni directa ni indirecta, de cuestiones de tipo jurídico".

Afirma que las actividades recogidas en los acuerdos de colaboración entre Nóos y las administraciones públicas que se investigan en esta causa se llevaron a cabo y además "con más que notable éxito, con una extraordinaria repercusión en todos los sentidos", por lo que considera "imposible" atender a la solicitud de fianza.

Asegura que Diego Torres no era autoridad ni funcionario público, por lo que no se le puede considerar autor de un delito de prevaricación, de manera que si las acusaciones fueran ciertas, podría ser considerado "todo lo más partícipe" y se le debería pedir no el total de la indemnización, sino solo una responsabilidad subsidiaria.

Sobre la petición de fianza por parte de la comunidad balear, González Peeters la considera "inaudita" y dice que "da para una trilogía", ya que una parte de la cantidad demandada deriva de presuntas irregularidades en acuerdos con la Fundación Illesport, cuyas cuentas auditaba la Intervención de la comunidad autónoma y en las que no detectó ninguna infracción.

La defensa de Diego Torres rechaza de plano la petición de una fianza de responsabilidad civil por parte de Manos Limpias porque considera que el ejercicio de la acción popular "ha de limitarse única y exclusivamente a la acción penal" y no a la civil, según la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Considera que "carece de legitimación para reclamar derechos indemnizatorios de esa clase" y que además Manos Limpias debería saberlo, por lo que entiende que su petición de fianza ha sido realizada con "temeridad y mala fe", y pide para ella "el más absoluto de los rechazos".

También el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha presentado alegaciones contra la petición de fianza esta mañana, horas antes de concluir el plazo establecido por el juez instructor, José Castro.