El enfrentamiento entre PP y oposición por la decisión del Consell de importar residuos para incinerarlos en la planta de Son Reus alcanzó ayer los más altos niveles de tensión, con la intervención directa en la polémica de la presidenta de la institución insular María Salom, quien convocó una rueda de prensa durante la celebración del pleno del Consell para acusar al PSOE y a la coalición integrada por el PSM, IV y Entesa de actuar en este asunto con una "hipocresía política y demagogia barata éticamente reprobable".

Un día después de que los socialistas pidieran a la Guardia Civil que impidiera la incineración de residuos de fuera, ante la inminente llegada del primer cargamento procedente de Cataluña, Salom recordó a PSOE y PSM que en la pasada legislatura ellos permitieron que la cementera Cemex, de Lloseta, importara el mismo tipo de residuos para utilizarlo como combustible que el que traerá Tirme, la concesionaria de Son Reus. De hecho, el material importado por Cemex procedía de la misma planta de Sabadell de la que saldrán los residuos que traerá Tirme. "Estoy cansada y harta de la hipocresía de la oposición", dijo la presidenta del Consell quien afirmó que no se entendía el por qué si el PSOE está tan seguro de que se están cometiendo ilegalidades no ha denunciado el asunto ante los tribunales.

"No podemos denunciarlo porque la importación aún no se producido en la práctica", replicó la socialista Mercedes Garrido a Salom. Admitió que en la pasada legislatura el Pacto dió a Cemex autorización para importar "este tipo de residuos, junto con otros 15 tipos más" y matizó que la cementera no llegó a incinerarlos. No obstante, consideró que "el punto de inflexión es la cantidad que se prevé incinerar, ya que no es lo mismo 2 o 3 toneladas que 200.000".

Al igual que Magdalena Palou, representante del PSM en el Consell, insistió en los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente que puede suponer la incineración a gran escala de estos residuos, una cuestión que el Consell no ha aclarado ya que no ha realizado informes en este sentido. "El PP está dando todos los pasos sin ningún respaldo jurídico ni legal", declaró Garrido.

Al recordarle que la incineradora también fue aprobada por el PSOE, declaró que la ampliación de dos a cuatro hornos no se realizó para tenerlos todos "a pleno rendimiento a la vez", sino para disponer de ellos en caso de averías o cuando acabara "la vida útil" de los dos primeros. Así, afirmó que si el Consell prevé incinerar 750.000 toneladas al año en Son Reus, será difícil que "el ecosistema de Mallorca aguante eso".

Magdalena Palou se expresó en el mismo sentido y resaltó que una incineradora que quemara 200.000 toneladas anuales de residuos, lo que supone un tercio de lo que incinera la planta de Son Reus, emitiría "6.000 toneladas de material tóxico para la salud". Además, la representante de la coalición liderada por el PSM acusó al PP de haber "mentido" en su día para "hacer creer que se necesitaban dos hornos más en Son Reus".