13 de noviembre de 2012
13.11.2012
Incineración

El Parlament autoriza importar residuos a Mallorca

Finalmente el Parlament ha aprobado la ley que autoriza la importación de residuos de países europeos para incinerarlos en Mallorca

13.11.2012 | 20:06
El Parlament balear ha aprobado la ley que autoriza la importación de residuos de países europeos para incinerarlos en Mallorca con el fin de amortizar la inversión realizada en la planta de eliminación de basuras de la isla facilitando el uso de toda su capacidad.

Por parte del PP, que ha aprobado en solitario la Ley de Medidas Urgentes para la Reactivación Económica que avala la importación de residuos, la diputada Virtudes Marí ha defendido que con esta medida "no se cambian ninguno de los objetivos del Plan Director de Residuos de Mallorca" que se ratificó en 2006 con el apoyo del PSOE.

Marí, que ha tildado de "hipócritas" y de "panda de irresponsables" a los representantes de la oposición, ha subrayado que incinerar residuos del extranjero supone "una solución para no tener que subir la tarifa de tratamiento de residuos".

El diputado socialista Cosme Bonet ha acusado al PP de estar "vendido a los intereses de las grandes corporaciones" como la empresa gestora de la incineradora, Tirme, mientras que el nacionalista Antoni Alorda ha criticado al grupo mayoritario por hacer de Mallorca "el vertedero de Europa" sin importarle el daño que sufrirán los intereses turísticos y los residentes de la isla.

En un tenso debate, la representante del PP ha reprochado a la oposición que "ensucie" la buena imagen turística de Mallorca por el simple desarrollo de un plan de residuos que los partidos de izquierda no cambiaron durante la pasada legislatura cuando gobernaban en el Consell Insular.

"Han convertido en un problema grave para nuestra tierra una cosa que es normal en todos los países avanzados de Europa. No hacemos el negocio de nadie, cumplimos la ley; está el plan director y se cumple, está el contrato (con Tirme) y se cumple", ha recalcado la diputada Marí.

Cosme Bonet ha insistido en que el debate no es si la incineración es una forma adecuada de eliminar residuos, sino si el "negocio de la importación de basuras interesa a Mallorca", cuestión que para los socialistas es claramente negativa por el carácter turístico de la isla, "una evidencia para quien tenga dos dedos de frente", ha dicho.

El diputado del PSIB, que previamente ha defendido sin éxito una iniciativa para que el proyecto de ley fuese sometido al dictamen del Consell Consultiu, ha criticado asimismo "la cobardía de los diputados del PP de Mallorca" por dejar que haya sido su compañera Marí, de Ibiza, la que ha defendido la importación de desechos.

Antoni Alorda ha insinuado que el PP tenía pactado con la empresa concesionaria sobredimensionar las previsiones de producción de basuras de Mallorca para ejecutar una ampliación de los hornos que costó 325 millones de euros y hacer después negocio con la incineración.

"Es el mensaje de siempre del PP: reciclar es caro, el negocio es incinerar", ha subrayado el diputado nacionalista, para quien el daño a la imagen de Mallorca no lo causan las críticas a la importación de residuos sino los casos de corrupción en torno al partido del Govern.

Además de la autorización de la quema en Mallorca de desechos de otros países europeos, la ley aprobada hoy incluye medidas para favorecer la implantación de proyectos de energías renovables y telecomunicaciones y amplía los permisos para la explotación agrícola de acuíferos.

La oposición ha criticado que el Govern haya utilizado este proyecto de ley para modificar con precipitación y sin el suficiente análisis y debate normativas vigentes, mientras que el grupo popular ha defendido que la nueva regulación favorecerá el crecimiento económico.

Por la mañana, activistas de la asociación ecologista Gob disfrazados de turistas con máscaras antigas se han concentrado a la puerta del Parlament para expresar su rechazo a la importación de basuras, una medida que consideran "un fraude" en beneficio de una empresa privada y contra la que han anunciado que adoptarán medidas judiciales y realizarán campañas de información a los turistas.

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