El abogado mallorquín Juan Alemany Garcías representa en Balears a la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas. Aprovechando la modificación de dicha normativa por parte del Gobierno central, los afectados mallorquines quieren unirse para reclamar sus propiedades. Se trata de personas que tenían propiedades en la ribera del mar y cuando realizaron el deslinde en base a la Ley de Costas de 1988 sus terrenos quedaron en la zona de dominio público. Ahora el Estado se hace con la propiedad de los inmuebles y les da como única opción una concesión. Según explicó Alemany, el principal problema es "para aquellos propietarios que tenían hipotecas sobre los inmuebles, los que querían subscribir algún tipo de crédito o los que tenían intención de vender su propiedad y ahora no lo pueden hacer".
Alemany se reunirá con la Federación de Entidades Locales (FELIB) para poder contactar con la mayoría de propietarios, así como con el portavoz de la única agrupación de afectados que existía en la isla, Joan Cirera.
"Desde la Asociación Europea de Afectados consideramos que la nueva normativa del Gobierno invade las competencias de los ayuntamientos al querer legislar el urbanismo", apuntó. El letrado añadió que también invaden otras normativas, como el caso de las Marco Agua. Se mostró dispuesto a impulsar alegaciones y acciones legales para que los propietarios puedan recuperar la titularidad de sus inmuebles. En el caso de Balears existen unos 100 afectados por la pérdida de sus propiedades en favor del Estado.
Alemany comentó que el anteproyecto de la ley también tiene algunos aspectos positivos: "Se da publicidad al deslinde a la hora de incluirlo en el dominio público, lo que eleva la seguridad jurídica".
