El PSIB-PSOE apoyará la huelga general del 14 de noviembre en contra de los "recortes masivos del Partido Popular", ha anunciado hoy la portavoz de la comisión ejecutiva del partido, Pilar Costa, que considera que dichas medidas afectan principalmente a las clases medias y trabajadoras y pymes.

Costa ha asegurado que el PP está desmantelando el Estado del Bienestar y mermando la calidad de la educación y la sanidad pública de manera que "en sólo dos años están tirando por tierra el trabajo de más de 30 años", razón por la que ha calificado la huelga general de "más que justificada", ha informado el PSIB en un comunicado.

Además de la convocatoria de huelga general, la ejecutiva del PSIB también ha analizado en su reunión de esta tarde el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2013, que considera "preocupante e incoherente".

"Si el Gobierno prevé un crecimiento económico del 0,3 % el año que viene, ¿por qué ha aprobado una subida de impuestos tan fuerte y tan precipitada?", se ha preguntado Costa, que considera que le Govern está intentando hacer cuadrar los números, sobredimensionando los ingresos de forma desproporcionada para cumplir con el objetivo del déficit.

El proyecto de presupuestos es "opaco", en opinión de Costa, porque no menciona ni los ingresos del Estado, ni el nuevo modelo de financiación, ni lo que percibirán los consells.

Ha criticado que recorten más en educación, sanidad y servicios sociales, que se llevan sólo un 56 % del presupuesto, mientras la deuda de la comunidad aumentará en 700 millones de euros el próximo año.

Costa ha recordado también que los impuestos creados por el Govern "no son progresivos", salvo el de patrimonio, y afectarán principalmente a las clases medias y trabajadoras.

Por otra parte, el diputado Pablo Martín ha explicado la proposición de ley planteada por el grupo socialista en el Congreso la semana pasada contra los desahucios, el sobreendeudamiento y la insolvencia y ha indicado que, más allá de la dación en pago, su objetivo es evitar que ninguna familia tenga que deja su casa por motivo sobrevenidos y, además, seguir pagando una deuda.

"Si el Gobierno del PP ha podido aprobar tres reformas financieras para rescatar a los bancos por el procedimiento de urgencia, puede hacer lo mismo con este proyecto de ley, que sólo quiere que las personas reciban un tratamiento similar al de los bancos, la misma comprensión, la misma flexibilidad y las mismas facilidades", ha reivindicado Martín.

El grupo socialista quiere extender a las familias la posibilidad que ya disfrutan empresas y entidades de poder recurrir a procedimientos extrajudiciales para cerrar acuerdos con los bancos y alargar los plazos de pago de la deuda.

El proyecto prevé además limitar el préstamo hipotecario al máximo del 80 por ciento del valor de tasación de la casa y, si finalmente se llega a la subasta judicial, el precio mínimo de venta será el de la tasación que hubiera hecho el banco cuando otorgó la hipoteca.

El PSOE ha calculado que unas 250.000 familias podrían beneficiarse de la ley en toda España, unas 1.500 de ellas en Baleares.