El Govern y organismos públicos de esta Comunidad facturaron 3,5 millones de euros a Over Marketing, la empresa de publicidad que supuestamente sirvió para financiar ilegalmente el PP de las islas, y a sus empresas satélites durante la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas.

Así consta en un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario del caso Over, una causa de supuesta corrupción que gira en torno a esta empresa y las contrataciones públicas que consiguió del Govern de Matas, las cuales supuestamente que sirvieron en parte para pagar los gastos de la campaña electoral al PP de los años 2003 y 2007.

Según el informe del grupo de delitos económicos, Over y sus filiales (Abanico, Link América, Traci Comunicación e Iniciativa de Prensa) imputaron entre los años 2004 y 2007 a organismos públicos un total de 3.555.536 euros, de los cuales 3.228.037 euros los facturó directamente Over.

La Guardia Civil no descarta, sin embargo, que la cantidad abonada a Over y su propietario, Daniel Mercado, sea "muy superior debido principalmente a las colaboraciones que hubiera podido tener con otras empresas de publicidad" de Baleares, así como de otras empresas afines al entramado societario.

La Guardia Civil destaca que Over era una empresa "totalmente desconocida" en Baleares hasta el año 2004, cuando abrió una filial en las islas a raíz de una promesa de Matas de que le daría contratos públicos, según afirmó Mercado al juez.

"Esta empresa no había facturado nada hasta el momento en esta Comunidad, excepto los supuestos trabajos realizados para diferentes empresas del ámbito hotelero realizados en el año 2003 y que supuestamente sirvieron para sufragar parte de la campaña electoral del PP", explica el informe.

Añade acto seguido que las facturas de hoteles son las únicas que Over cobra a estas empresas en todo el periodo investigado, lo que apuntala sus sospechas de que los hoteleros pudieron abonar de esta manera al PP gastos electorales.

El informe del instituto armado indica que Over carecía de infraestructura en Baleares y que los trabajos que realizó fueron principalmente contrataciones institucionales, que se desarrollaron en el periodo comprendido de la campaña electoral de 2003 a la de 2007, año en que el PSOE tomó el relevo al PP en el Govern balear.

"Posteriormente a estas fechas se contabilizan varios trabajos realizados para ayuntamientos, pero decae la contratación pública hasta llegar a su desaparición del mercado balear", apunta.

Es precisamente durante la legislatura 2003-2007 cuando esta empresa recibe la "inmensa mayoría" de sus contratos públicos, abunda el informe, y agrega que no existe constancia de contrato alguno con el Govern balear fuera de ese periodo.

En el sumario también constan las declaraciones de los imputados y testigos a los que el juez instructor José Castro, que investiga esta causa dentro del entramado del caso Palma Arena, tomó declaración en Madrid la semana pasada.

Algunos de ellos son empleados de Over que reconocieron, al igual que su propietario, amaños en las contrataciones, y entre ellas se cuenta una testigo trabajadora de la empresa de publicidad que afirmó que compró obsequios a altos cargos y funcionarios del Govern balear, como bolsos de la marca Loewe o corbatas.

Indicó que tenía partidas destinadas a estos regalos comprendidas entre los 100 y los 600 euros, dependiendo si los destinatarios eran "políticos más cualificados" o "empleados de menos entidad".

Entre las personas a las que se les enviaron regalos, mencionó a la exconsellera de Obras Públicas y actual portavoz del PP en el Parlament balear, Mabel Cabrer.

También figuran el exconcejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos -citado la semana que viene como imputado y en prisión por otro caso de corrupción- y la mujer de Antoni Juaneda, que dimitió esta semana como director insular del Estado en Menorca tras ser imputado