El Ayuntamiento de Palma (PP) pondrá en conocimiento de la Fiscalía la concesión de un contrato en 2008 a la empresa Jardins de Tramuntana por haber detectado presuntas irregularidades con "evidentes consecuencias penales", y que tenía como uno de sus responsable a la pareja de Francina Armengol (PSIB-PSOE).
Así lo ha anunciado hoy el portavoz municipal, Julio Martínez, que ha informado de que la decisión la adoptó la junta de gobierno municipal en su reunión del pasado miércoles por la tarde, a raíz de un informe jurídico interno que advertió de que se puede haber incurrido en prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en dicha concesión.
Martínez ha asegurado hoy en una rueda de prensa que este informe, redactado tras un dictamen previo de la Sindicatura de Cuentas, indica que "alguien del anterior gobierno tuvo voluntad de obviar la normativa de contratación pública".
Entre las irregularidades, Martínez ha dicho que la empresa Jardins de Tramuntana, uno de cuyos administradores es la pareja de la portavoz del grupo parlamentario socialista en el Parlament, Francina Armengol, no tenía la clasificación que era necesaria para optar al concurso y además estaba en causa de disolución, con lo cual no podía presentarse al mismo.
Martínez ha considerado que de estos hechos se deriva una responsabilidad política porque desde julio de 2008 "aquí nadie ha querido asumir (este asunto) y se ha ocultado información al PP mientras estaba en la oposición". La responsabilidad penal la decidirá la fiscalía, ha advertido.
"En su informe, la Sindicatura de Cuentas dijo que la adjudicación que hizo la Empresa Funeraria Municipal (EFM) no fue ajustada a derecho, era irregular y no se hicieron las cosas bien", ha recordado.
Según ha explicado el portavoz de Cort, la junta de gobierno adoptó esta decisión tras estudiar las consecuencias jurídicas del informe interno y si de este caso se podrían derivar consecuencias penales.
"Los indicios -ha afirmado- son claramente suficientes para que estas irregularidades tengan consecuencias penales y el informe insta al gobierno municipal a poner (esta adjudicación) en conocimiento de la fiscalía".
La presidenta de EFM y teniente de alcalde de la Función Pública, Irene San Gil, ha declarado durante la comparecencia informativa que a la hora de realizar el contrato se "obvió de manera deliberada" la normativa de contratación pública, por lo que se incurrió en presuntas irregularidades.
Entre las mismas, ha concretado, figuran que no se exigió la calificación a la empresa Jardins de Tramuntana, lo que hace "nula de pleno derecho" la adjudicación que se llevó a cabo.
Se trata de un requisito ineludible por el cual esta empresa tenía que haber sido excluida del concurso, ha subrayado la máxima responsable de la Funeraria Municipal.
Otra supuesta irregularidad es que no se hizo un anuncio sobre este concurso, al superar los 106.000 euros, en el diario de la Unión Europea (UE) por un tiempo de 52 días. En el caso de Baleares, se publicó en el BOCAIB -Boletín Oficial de las Islas Baleares- un 1 de marzo, que era festivo por tratarse de la fiesta de la Comunidad Autónoma.
Además, ha proseguido San Gil, "tampoco" se detalló en la publicidad de este concurso los métodos de valoración, lo cual "dificulta" la presentación de ofertas.
En este contexto, San Gil ha mantenido que "hay indicios muy claros de la posible comisión de delitos y es responsabilidad de la Empresa Funeraria Municipal poner en conocimiento de la Fiscalía si se han podido producir actuaciones constitutivas de un ilícito penal".
