El PSOE presentará la próxima semana un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de Función Pública de Baleares que suprime la exigencia de acreditar conocimientos de catalán para trabajar en las administraciones del archipiélago.

La líder de los socialistas de Baleares, Francina Armengol, y el expresidente autonómico y senador Francesc Antich han anunciado que 50 integrantes del grupo del PSOE en la Cámara Alta firman la denuncia que se registrará ante el Tribunal Constitucional.

El recurso argumenta que la ley impulsada por el Govern de José Ramón Bauzá y aprobada en solitario por el PP en el Parlament autonómico conculca el principio constitucional de que el catalán es lengua cooficial en Baleares.

La cooficialidad, ratificada en el Estatuto de Autonomía de las islas, garantiza que cualquier ciudadano tiene derecho a dirigirse y ser atendido en la lengua "propia de las islas" en sus relaciones con la administración, un principio que la reforma legal del PP vulnera, ha explicado Armengol.

Los socialistas entienden que la Ley de Función Pública atenta contra el pluralismo lingüístico garantizado en la Constitución y contra el principio estatutario de "normalización progresiva de la lengua catalana".

Asimismo, el recurso que última el PSOE denuncia la vulneración de la autonomía de ayuntamientos y consells insulars mediante una norma autonómica que, además, rebasa el marco de su título al modificar la normativa lingüística con una ley sobre la administración pública, lo que es contrario a la seguridad jurídica.

Antich, que no ha descartado solicitar al TC la suspensión cautelar de la aplicación de la Ley de Función Pública, ha considerado que la norma promovida por el PP de Baleares está en consonancia con el propósito del ministro de Educación, Jose Ignacio Wert, de "españolizar" a "todos los que no se adecúen a la uniformidad" que los populares quieren imponer en España.

La secretaria general del PSOE balear, Francina Armengol, ha acusado al Govern balear de utilizar la modificación de la Ley de Función Pública para romper los "consensos" en torno a la lengua propia consolidados en una Ley de Normalización Lingüística aprobada por unanimidad en 1986, cuando gobernaba la comunidad el popular Gabriel Cañellas.

"El PP de Bauzá ha decidido hacer una cruzada contra la lengua propia de esta comunidad autónoma, situándose en la radicalidad extrema y, a nuestro juicio, contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía", ha incidido.

Armengol ha subrayado que, además de ignorar a la oposición, el PP ha despreciado el rechazo a la supresión del requisito de catalán en la administración expresado por las decenas de miles de ciudadanos que se han manifestado en las calles, por los promotores de las 12.000 alegaciones presentadas contra la modificación legal y por decenas de instituciones y organizaciones civiles.

La líder socialista isleña ha subrayado que el recurso que firmará Antich y otros 49 senadores socialistas "tiene todos los ingredientes para ser admitido" por el TC porque es fruto de un riguroso trabajo jurídico.