La empresa italiana de tratamiento de basuras Deco, con la que Tirme había negociado para importar residuos con el fin de incinerarlos en Son Reus como combustible, emitió ayer un comunicado negando que sus socios estén involucrados en actuaciones corruptas. Deco admite que Rodolfo di Zio, uno de los propietarios, fue objeto de un arresto domiciliario en 2010, aunque sostiene que esta decisión fue "revocada rápidamente" y se produjo "sólo con fines cautelares" en "el ámbito de una investigación más extensa" que implicó a varios políticos. "Nunca se han dirigido acusaciones por delitos de mafia, camorra ni ha sido imputado o condenado por otro tipo de asociaciones ilegales", afirma Deco en referencia a Rodolfo di Zio.
La reacción de Deco se produce después de que David Abril, dirigente de IniciativaVerds, desvelara el pasado 28 de septiembre en el Club DIARIO de MALLORCA que Di Zio había sido investigado y arrestado por actuaciones corruptas, entre ellas el soborno a políticos. La reacción del Consell no se hizo esperar. La presidenta insular, María Salom, dio instrucciones a Tirme de que abandonara las negociaciones con Deco, ubicada en Pescara (Región Abruzzo) y se pusiera en contacto "con gente cuya imagen, buen nombre y trayectoria empresarial no esté bajo ninguna sospecha" para llevar a cabo la operación de importación de residuos.
Aunque el Consell descartara a esta empresa ante las sospechas de corrupción, lo ocurrido ha servido a la oposición para reforzar sus argumentos en contra de las intenciones de la institución insular de importar basura. Las acusaciones contra Deco han sido repetidas por distintos dirigentes tanto de la coalición integrada por el PSM, IV y Entesa como por el PSOE.
El comunicado de Deco es su respuesta a estas acusaciones y en él amenaza con "ejercer las acciones judiciales que correspondan y en los foros adecuados para tutelar la imagen y el buen nombre de la empresa" contra quien "haga o haya hecho públicamente declaraciones falsas e infundadas".
Según la empresa italiana, las autoridades de aquel país "prestan una atención especial a las empresas contratadas por los organismos públicos", en especial "en el sector de tratamiento de residuos", lo que conlleva "frecuentes investigaciones" de las que no se ha librado Deco, sin que se hayan "encontrado responsabilidades penales de personas de la empresa"
Agrega que el caso más destacado fue el de las aportaciones económicas a partidos durante la campaña electoral, con investigaciones en toda Italia, también a Deco, por si se trataba de sobornos, sin que al final se le atribuyera "ningún tipo de responsabilidad". Según la empresa, el arresto domiciliario a Di Zio es una medida "utilizada a menudo por la judicatura italiana" como precaución para evitar "una posible alteración de las pruebas".
Junto a ello, afirma que ante estas investigaciones Deco decidió dejar la gestión de la empresa en manos de un consejo de administración "técnico" presidido por el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Pescara, por lo que Rodolfo di Zio es sólo "socio de Deco" sin "ningún tipo de cargo o función operativa, organizativa o de decisión en la empresa".
