La campaña "No queremos ser el basurero de Europa" iniciada por el grupo ecologista Gob y otras entidades contra la importación de residuos a Mallorca para ser incinerados comenzará este miércoles con una primera concentración en el hospital Joan March, donde "se hará una visualización colectiva del horror".

Un día antes de que el jueves la Mesa del Parlament admita o no la enmienda del PP que permitirá la importación de residuos de otros países europeos para ser procesados en la incineradora de Son Reus, los impulsores de la campaña han convocado una concentración "simbólica" y silenciosa en el hospital Joan March a las 19.00 horas.

Consistirá, según ha explicado la portavoz del Gob, Margalida Ramis, en encender luces, tanto velas como linternas frontales emulando las manifestaciones mineras, en lo alto de la colina donde se ubica el hospital, desde donde se puede ver la incineradora y los municipios afectados por su actividad.

Durante la protesta se leerá también un manifiesto de las entidades vecinales que apoyan la campaña -de Bunyola y Palmanyola- y habrá una pequeña actuación.

Ramis ha explicado que los motivos para oponerse a la importación de residuos "son muchos", y ha detallado que una de las cosas contra las que se rebelan, compartido por "un sentimiento colectivo de indignación", es el "lenguaje perverso" con que los políticos están intentando "vender la propuesta".

"Están intentando vender o poner nombres a cosas que son en realidad muy diferentes, diciendo que no son residuos, que es limpio y que todo son beneficios desde el punto de vista económico y medioambiental", ha explicado Ramis en referencia a las afirmaciones del Consell de Mallorca de que los residuos son en realidad combustible porque ya llegarían tratados a la isla.

Por otro lado, ha indicado que es el momento de "poner sobre la mesa el perverso sistema de residuos" de Mallorca, que es fruto de "una irresponsabilidad política heredada" de la legislatura 2003-2007 de Jaume Matas, cuando se proyectó la incineradora, y que se articula a través de una empresa privada, Tirme.

Ha apuntado que durante los últimos años "lo único que interesa es conseguir ingresos a través de la incineración, con el apoyo de una clase política que ha hecho una tarifa sin sentido en la que cuánto más se recicla, más se paga porque menos se tiene que incinerar".

Según el Gob, la voluntad de importar residuos europeos responde "única y exclusivamente a garantizar las ganancias" de Tirme, que es propiedad de Enel Green Power, con un 40 %, e Iberdrola, FCC y Urbaser, con un 20% cada una.

Los hornos de Son Reus tienen capacidad para quemar 700.000 toneladas de residuos y ahora no llegan a las 400.000, recuerdan los ecologistas, que se preguntan por qué se permitieron unas instalaciones "tan sobredimensionadas".

Recuerdan que en Mallorca se paga la tarifa por incineración más cara de España, con la que se abonan los costes de construcción de estas infraestructuras y el gasto asociado al proceso de incineración de los residuos que no se reciclan.

Añaden que Tirme ahora "amenaza diciendo que si no se incrementa el número de toneladas quemadas esta tarifa todavía subirá más".

"Es un sinsentido ambiental y económico", sostiene el Gob, para el que de ello se deriva el "fracaso de las políticas de reducción, recuperación y reciclaje".

"¿Por qué reciclar cuando sale más a cuenta quemar?", explica el Gob, que añade a modo de ejemplo que sólo un 6 % de los envases que se generan en la isla terminan siendo reciclados.