El empresario José María Ruiz-Mateos, detenido este martes por orden de la juez de Palma María Palacios para declarar como imputado en una supuesta estafa en la compra de un hotel de Mallorca, llegó a las 18:00 horas a la Jefatura Superior de la Policia de Baleares en un coche policial.
Ruiz-Mateos entró en el garaje de las dependencias policiales a bordo de un vehículo policial Citröen Xara Picasso.
Al ver a varios cámaras y fotógrafos que esperaban su llegada, el empresario hizo su habitual gesto de la uve de la victoria.
El vehículo policial en el que ha sido trasladado Ruiz-Mateos, que ocupaba el asiento trasero, iba precedido por otro vehículo particular en el que viajaban otras personas.
El empresario pasó la noche en dependencias policiales para ser puesto este miércoles, a primera hora, a disposición de los juzgados de Palma, donde la juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 3 tiene previsto tomarle declaración en torno a las 09.00 horas.
Ruiz-Mateos fue detenido por la policía en su domicilio de Somosaguas en aplicación de una orden de la juez de Palma y tras su paso por comisaría de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y un centro de salud, donde fue sometido a un reconocimiento, ha sido trasladado a Palma en avión.
El empresario ya fue arrestado la mañana del pasado miércoles y pasó todo el día en la misma comisaría de Pozuelo, en cumplimiento de una anterior orden de detención que dictó la jueza para asegurarse su presencia el jueves en su tercera citación por la misma causa, una supuesta estafa en la compra de un hotel en Mallorca.
Finalmente y de madrugada, la jueza lo puso en libertad por "razones humanitarias", aunque con la obligación de comparecer al día siguiente en el Juzgado, cosa que no hizo alegando problemas de salud.
Ruiz-Mateos está citado a declarar como imputado por la ampliación de la querella de Francisco Miralles en relación con la compra del hotel Eurocalas de Mallorca, que acusa al empresario jerezano, junto a sus hijos varones, de estafa de 13,9 millones de euros como avalistas de un sobrino que adquirió el establecimiento por 24 millones de euros.
La juez investiga la supuesta comisión de delitos de estafa, administración desleal y alzamiento de bienes.
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