"Ha llegado la hora de que mi cliente negocie". Esta frase, de boca de un abogado, resume la iniciativa que van a emprender muchos de los imputados en procesos de corrupción, ya que la dureza de la última sentencia dictada por la Audiencia de Palma les coloca en una situación complicada y con muchas posibilidades de terminar en prisión, aunque no se hayan quedado con un solo euro tras su paso por la administración.

Los dos tribunales penales de la Audiencia de Palma han transmitido en sus últimas sentencias un mensaje entre líneas muy claro: tolerancia cero a la corrupción y quien roba el dinero público terminará en la cárcel. Y los jueces no distinguen entre los que han tenido un beneficio, político o económico, en la malversación del dinero público, de los que solo se han limitado a ayudar a que el delito se cometiera, aunque no tocaran un solo euro. Se castiga igual al que roba y al que permite que se robe. La última sentencia de la primera pieza juzgada del caso Voltor es un ejemplo claro de este mensaje. Se condena tanto al político que ordenó que se regalara dinero público como al subordinado que ayudó con su firma a que estos fondos se malgastaran. Y dada la dureza de las sentencias que imponen los jueces de Palma, el mensaje que están interpretando muchos abogados es que lo mejor es buscar un pacto con el fiscal, para evitar sorpresas. Uno de los que mejor entendió este recado ha sido Antoni Oliver, el exgerente de Inestur, que lo más seguro es que hubiera terminado en prisión, pero un pacto con el fiscal lo ha evitado. Es cierto que si pactas reconoces un delito, y en su caso no solo en este primer juicio, sino en otras causas, pero al menos se evita ingresar en la cárcel. Mientras otros jerárquicamente por debajo de él, como es el caso de Antoni Rebassa, irán a la cárcel, Oliver solo tendrá que rascarse el bolsillo, ya que su condena se limita a una multa.

Pero este mensaje que están recibiendo los abogados de que lo más adecuado para sus clientes es pactar no es la primera vez que se transmite en una sentencia de la Audiencia. También pasó lo mismo en el primer juicio contra Jaume Matas, donde los acusados que pactaron y asumieron su culpa, aunque fueran condenados, ninguno ingresará en prisión. Y son muchos los imputados pendientes de juicio que están en una situación parecida, que para mover ficha esperaban la respuesta de los jueces ante la corrupción, y ahora ya lo saben.

También han dejado claro los tribunales que de poco sirve que un acusado diga que si le implican en un delito es porque otro imputado ha alcanzado un pacto con el fiscal. Como tampoco ningún abogado se atreve a defender ante un tribunal que los fiscales Anticorrupción actúan por intereses políticos, y no persiguiendo un delito. Los jueces quieren valorar pruebas y no teorías conspirativas.

La mayoría de abogados coincide en que si el tribunal ha sido muy duro contra Buils, también lo será contra Maria Antònia Munar, teniendo en cuenta que el caso contra la expresidenta de UM parece mucho más grave que el del exconseller de Turismo.

Parece que la fiscalía Anticorrupción está dispuesta a negociar con todos los acusados, pero no a cualquier precio. No basta que un imputado reconozca que ha cometido un delito. Para que se le reconozca la atenuante de confesión ha de aportar algo más. Y un ejemplo de ello ha sido de nuevo Antoni Oliver, que no solo confesó que había cometido una serie de delitos en la gestión pública, sino que cargó también contra sus responsables políticos. Los fiscales tienen órdenes de escuchar, pero no de aceptar cualquier propuesta que presente un abogado, sobre todo si la negociación la inicia un letrado que sabe que su cliente tiene muchas posibilidades de terminar en prisión, porque las pruebas o los testimonios que le incriminan son contundentes.