"Peligra la atención de los españoles mayores de 26 que no hayan cotizado"

—Que ya no se les dará de manera normalizada como hasta ahora. Y sólo se atenderá a los menores de edad, a las mujeres embarazadas o a los que acudan por la vía de urgencias con algún problema acuciante de salud.

—¿Y qué problemas puede provocar esta medida de ahorro?

—Que un paciente que lleva años viviendo en nuestro país y es un enfermo crónico, por ejemplo un diabético, va a pasar de ser tratado con normalidad con antidiabéticos orales a ser atendido en los servicios de urgencias cuando sufra un coma diabético poniéndose en riesgo su vida. Generalmente, los inmigrantes de países en vías de desarrollo que vienen a nuestro país a ganarse la vida son gente joven y sana, sin apenas problemas de salud, pero hay un mínimo procentaje que sí tienen enfermedades crónicas o padecen de hipertensión, por ejemplo.

—¿Puede poner en peligro el real decreto aprobado por el Gobierno Rajoy la atención sanitaria a nacionales?

—Sí. Los jóvenes mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social pueden quedar sin prestaciones, de la misma manera que esto le puede pasar a una mujer que se divorcie y que no haya trabajado en su vida. Muchos pacientes españoles van a tener problemas y realizar innumerables trámites burocráticos para que se les vuelva a activar la tarjeta sanitaria.

—¿Qué ventajas supone entonces esta medida?

—No lo sé. El sistema sanitario público se mantenía vía impuestos. Los fondos para sufragarlo salían del IRPF, el impuesto de patrimonio y el IVA, que pagamos todo el mundo, incluso los inmigrantes sin recursos. Y ahora quieren retroceder treinta años, cuando la sanidad se financiaba con las cotizaciones a la SS. Están desmantelando un sistema sanitario que la Organización Mundial de la Salud definió como el más barato y el más eficiente.

—¿Es cierto que los inmigrantes consumen muchos recursos sanitarios?

—Ni mucho menos. Un estudio que realizamos en Aragón en el año 2007 ponía de manifiesto que el gasto por recetas de un español ascendía a 236 euros frente a los 81 euros que consumía un inmigrante. Y mientras un español acude una media de 8 veces al año a los centros de salud, un inmigrante lo hace cinco. En referencia a los ingresos hospitalarios, mientras se producen una media de nueve por cada cien españoles, tan sólo son tres por cada cien inmigrantes.

—Y entonces, ¿por qué esta medida para dejar de pagar la atención a población extranjera?

—Se han mezclado los términos. La ministra Mato se ha hecho un lío con un informe del Tribunal de Cuentas que destacaba que la facturación administrativa por la atención sanitaria a turistas extranjeros de países desarrollados no se realizaba de manera correcta, con lo que se perdía una buena fuente de ingresos. Y esto se soluciona de forma sencilla estableciendo acuerdos de atención sanitaria entre Estados.

—Sacar a los inmigrantes sin recursos de los circuitos sanitarios habituales, ¿puede provocar un incremento de enfermedades infecciosas que ya se creía erradicadas?

—No es probable. Por ejemplo, si se da un rebrote de tuberculosis, afectará más a las personas que conviven con el afectado en precaria situación y en condiciones de hacinamiento.

—No atender a los inmigrantes, ¿no provocará problemas éticos en los médicos?

—Sí, porque nuestro deber es atender a los enfermos. Y también puede provocarnos problemas legales por omisión del deber de socorro. La solución tampoco pasa por objetar ante estas medidas ya que, al no estar registrados los inmigrantes, no podemos pedirles una analítica ni apuntar nada en una historia médica inexistente.