La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha condenado a un suboficial de la Guardia Civil que divulgó, a través de una página web, un informe secreto que se refería a la investigación del atentado ocurrido en Palmanova, en el que fallecieron dos agentes de la Benemérita. El suboficial ha sido apartado dos meses del servicio y tendrá anotada esta mancha disciplinaria en su hoja de servicios. El tribunal modifica la decisión adoptada inicialmente por la exministra de Defensa, Carme Chacón, que decidió imponerle la máxima sanción al funcionario policial: apartarlo definitivamente del servicio.

En la página web de una asociación de guardias civiles se publicó un documento elaborado por el Servicio de Información, que tenía como destinatario el ministro de Interior, el secretario de Estado de seguridad, el director general de la Policía y la Guardia Civil y el director del Centro Nacional de Inteligencia. También, debido a la trascendencia de la información que se daba, se envió a las jefaturas de Zonas y a las comandancias de Ceuta y Melilla.

Este informe confidencial se refería sobre todo al explosivo utilizado por la banda terrorista ETA en el atentado de Calvià, ocurrido en el mes de julio de 2009, en el que perdieron la vida los agentes Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada. Ambos funcionarios fallecieron en el momento en el que abrían la puerta del vehículo policial. Los terroristas habían colocado un explosivo en los bajos de este vehículo, que casi siempre estaba estacionado frente al cuartel provisional de Calvià. El artefacto se activó en el momento en el que los agentes se disponían a subir al todoterreno. Ambos fallecieron en el acto.

Los expertos de la Guardia Civil en la lucha antiterrorista señalaban que la banda estaba utilizando un nuevo sistema de detonación. Históricamente la banda había empleado varios métodos, pero los más usuales eran el mando a distancia o el teléfono móvil. Sin embargo, pocos meses antes del atentado de Calvià los etarras utilizaron otra forma de detonación. A partir de ese momento adoptaron el sistema AKT o temporizador de cuenta atrás. Este método proporcionaba una mayor seguridad a los terroristas. Permitía su programación desde un minuto hasta 24 horas antes de la detonación. Esto limitaba la reacción policial y facilitaba la huida de los terroristas.

Esta información interna de la investigación, que tenía la calificación de documento secreto, fue publicada durante unas horas en la red y el suboficial fue uno de los responsables de su inserción en la página web de la asociación. La dirección general de la Guardia Civil, al tener conocimiento de esta situación, abrió un expediente contra el suboficial y se propuso su sanción. La ministra de Defensa decidió la expulsión. El tribunal militar, que entiende que la actuación del guardia es grave, limita la sanción a dos meses de suspensión, pero no se expulsa al acusado de la Guardia Civil.