Nos cuentan que Biel Company es el conseller que más trabaja de todo el Govern, hasta el punto de que "más de un sábado y domingo le puedes encontrar en su despacho de la Conselleria". Company, que tiene más ambiciones políticas de las que aparenta –medita si afiliarse al PP y liderar lo que queda de la maltrecha corriente regionalista del partido–, está saturado de trabajo, quién no, estando al frente del macrodepartamento gubernamental. Dicen que la frase "así es imposible", en referencia a la concentración de competencias con menos responsables políticos, es la más repetida en el palacete de son Oliva, en la entrada de Palma por el polígono de Son Castelló. Pero claro, la queja no sale más allá de los dominios de Company, no sea que llegue a oídos de Bauzá. Todo el mundo sabe cómo las gasta el presidente.

Al margen de si Company es el que más se gana el jornal a fin de mes, lo cierto es que es el conseller con menos pelos en la lengua. Está hasta las narices del "puñetero" convenio ferroviario firmado por su antecesor del PSM, Biel Vicens, tanto, que incluso se huele algún tejemaneje raro. Así que desde el Consolat de Mar han dado el visto bueno para contratar a un equipo de asesores jurídicos externos que investiguen si el Govern de Antich incurrió en alguna corruptela en todo el proceso de las obras para prolongar el tren de Manacor hasta Artà.

El trabajo encargado consiste en revisar a fondo toda la gestión del Pacto en materia ferroviaria. Los ´investigadores´ llevan tiempo examinando con lupa todo el proceso de adjudicación de las obras, así como la polémica compra de vagones y demás licitaciones. Todos los pasos son analizados a fondo, en busca de alguna irregularidad administrativa, y si cabe, de ilícito penal.

Company mantiene una relación de amor-odio con los ´pesemeros´, los responsables en materia de transporte público durante la pasada legislatura. Por un lado, al conseller payés le caen bien a nivel personal Biel Barceló, Alorda&cía., pero por otro cuestiona el sambenito de que están libres de mácula. Y en lo que al convenio ferroviario se refiere, Company tiene la mosca detrás de la oreja. Él y alguna exconsellera del PP ducha en la materia.

Por un lado, los expertos en contratación administrativa fichados por el Govern Bauzá para investigar al Govern Antich deben dilucidar si la adquisición de locomotoras y vagones para la línea Manacor-Artà se ajustó o no a la legalidad. El Pacto se gastó 23 millones de euros públicos en su compra, pero a la hora de la verdad "son más bajas que los andenes ya construidos" en el resto de la red ferroviaria de Mallorca, recuerda Company, de modo que la maquinaria descansa sin estrenar en unos almacenes, a la espera de si se reanudan las obras de prolongación del tren a Artà –recordemos que el propio conseller las paralizó ante la ausencia de dinero al poco de llegar al Govern–.

Por otro lado, el Ejecutivo quiere un informe que dictamine si fue ajustada a Derecho la licitación de obras por valor de 220 millones de euros –de los cuales las empresas constructoras ya han facturado 140–, cuando de los 443 millones que debían llegar a Balears del convenio con Madrid, solo arribaron 57,5. "Habrá que ver cómo lo hicieron, porque es de juzgado de guardia", se exalta Company al recordarlo. Y una vez estén las conclusiones, a cuánto asciende la factura.

A Rodríguez le sale otra ´rana´

La exdiputada en el Congreso por el PP María Antonia Mercant presentó su dimisión antes de las fiestas de Semana Santa al delegado del Gobierno, don José María Rodríguez. La manacorina ha durado poco en el cargo de segunda de la Alta Inspección Educativa, alegando formalmente que "perdía dinero". Cada vez extraña más la tardanza de Rodríguez en destituir a la veintena de altos cargos socialistas que siguen en sus puestos aunque gobierne Rajoy.