Inocente o culpable. Cuando ya ha transcurrido más de un mes y medio desde que quedara visto para sentencia el primer juicio del caso Palma Arena, que sentaba en el banquillo por primera vez al expresident Jaume Matas, hoy se conocerá la decisión del tribunal. La Audiencia ha citado a los afectados para que se presenten a las once de la mañana en la oficina judicial y allí se les comunicará la decisión del tribunal. Esta sentencia se espera con gran interés porque, dependiendo del resultado que dicten los jueces, puede marcar el futuro de otros casos que se están investigando y que todavía no han llegado a juicio. Y también podría provocar una cascada de nuevos arrepentidos.
Todo el caso pivota sobre la polémica decisión del Govern Matas de contratar al periodista Antonio Alemany para que redactara los discursos del president, una tarea que le suponía cobrar un sueldo mensual de unos 4.000 euros. Alemany no fue contratado directamente, como sí lo fueron otros asesores del Govern. No le interesaba ( él mismo lo confesó) firmar un contrato de asesor porque le suponía, por un lado, cumplir un horario y, por otro, dejar de colaborar en un medio local donde escribía sus artículos de opinión. La dificultad para contratarle no frenó a Matas, que ordenó a sus colaboradores que quería que fuera Alemany quien redactara sus discursos, como así fue. Los colaboradores buscaron una fórmula para complacer al president. Convocaron, a través de la Dirección General de Comunicación, un concurso público sobre la imagen corporativa del Govern. Por este concurso solo se interesó la empresa Nimbus. En su oferta, a pesar de que no lo exigían las bases del concurso, se añadió el apartado de los discursos. Cuando Nimbus se presentó al concurso no sabía que se trataba de un proceso pantalla. Romero, según él mismo ha confesado, recibió un día una llamada telefónica del president Matas. Le convocaba a una reunión en su despacho y en este encuentro le pidió que renunciara el concurso y que lo utilizara para camuflar la contratación de Alemany. Y así se hizo.
Aunque nadie cuestiona la irregularidad de la contratación de Alemany, ni Matas ni el propio periodista, el tribunal debe decidir si la decisión del president fue un delito o una irregularidad administrativa. Matas sostiene que él era el president y como tal tomaba decisiones, pero quienes les daban forma eran sus colaboradores. Es decir, él ordenaba y los otros cumplían. Y en el caso de los discursos, los que dieron forma a este deseo del president fueron el director general de Comunicación, Joan Martorell, y su jefa de gabinete, María Umbert.
Matas afrontó este juicio en solitario. Tanto Martorell como Miguel Romero descargaron contra él, pero lo hicieron tras alcanzar un pacto con Anticorrupción. Umbert no culpó directamente al president, pero tampoco le defendió. Y el único que le mostró cierto apoyo fue Antonio Alemany, el gran beneficiario de la manipulación de este concurso, quien después también recibió dinero público para financiar sus aventuras empresariales. La suerte de Alemany corre a la par que la de Jaume Matas. No solo Anticorrupción pide que ambos sean condenados y ingresen en prisión. También lo pide la abogacía de la comunidad autónoma, un organismo público del mismo color político que el expresident. Aunque las acusaciones pidieron una pena de ocho años de cárcel para el expresident Matas, no parece que el tribunal, en el caso de que entienda que el expresident es culpable, vaya a aceptar una condena tan elevada. Las propias acusaciones quitan importancia a los años de prisión (si es declarado culpable), porque lo que les interesa es que Matas sea declarado culpable, aunque no vaya a la cárcel por la manipulación de este contrato, porque recuerdan que al exministro todavía le quedan pendientes otros juicios. Si en un segundo proceso también se le condena, está vez sí tendría que ingresar en prisión.
En cualquier caso, todos coinciden en que la sentencia será recurrida ante el Supremo.
