23 de febrero de 2012
23.02.2012
Tribunales

Imputados del caso peaje tienen 24 horas para pagar la fianza

Los cinco imputados tienen que hacer frente a una fianza de responsabilidad civil de 600.000 euros impuesta por la jueza Ana San José

23.02.2012 | 17:19
La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, ha dado un plazo de 24 horas al exingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y a otros cuatro imputados del caso Peaje, tras requerirles una fianza de responsabilidad civil que asciende a un total de 600.000 euros. La caución les ha sido impuesta en el marco de la causa que indaga un presunto desvío de 23 millones de euros públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estos trabajos.

Mediante una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada emplazó a los cinco encausados a que compareciesen este jueves ante el Juzgado para solicitarles el pago de esta cantidad, citación que se produjo más de un año después de que decretase la fianza.

En concreto, la fianza, acordada a petición de Fiscalía -que solicitaba un millón de euros-, ha sido impuesta tanto a Orejudo como a su compañera sentimental, Mónica Florit -quienes prevén ir este viernes al Juzgado para que les sea requerida la fianza, acompañados de su abogado Gabriel Garcías-, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, defendidos por Llorenç Gomila, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la antigua C-715, Javier Navarro.

Todos ellos deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria a al pago de los 600.000 euros a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados. En caso de que no puedan abonar la fianza en este periodo de tiempo, se les requerirá que designen sus bienes hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan quedar posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tal y como apuntaba la jueza en su auto, estos cinco inculpados alcanzaron un "acuerdo" de cara a levantar con fondos públicos una vivienda unifamiliar aislada sobre un terreno propiedad de Florit en Búger, a pesar de que los encausados defienden que se trata de un templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang -a la que pertenecen-, construido gracias a las donaciones de los socios de esta entidad de filosofía china, cuyo importe ascendería a 300.000 euros.

Sin embargo, la magistrada se ampara en un peritaje que cifra el valor de la edificación en 699.087 euros, lo que hace "no creíbles" sus alegaciones, sobre todo "si se atiende a que las supuestas donaciones que han recibido para construirla, únicamente en metálico, han sido aportaciones de dinero muy importantes, sin que exista rastro contable alguno ni reflejo bancario a través de los correspondientes extractos".

OTRO INFORME ELEVABA EL VALOR DE LA EDIFICACIÓN A 300.000 EUROS

Por el contrario, un informe posterior elaborado por un aparejador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) concluía que el valor de la edificación asciende a unos 300.000 euros, tal y como consta en la valoración que aportó a la causa la defensa de Orejudo, y que arrojaba sus conclusiones en base a las mediciones realizadas sobre los materiales empleados, las dependencias del edificio, su extensión, la cimentación y el tamaño de las paredes y los muros.

Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 exaltos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.

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