Sin tarjeta sanitaria no hay sanidad. Hay un remedo de ella. Lo denuncian doctores, trabajadores y abogados, que recuerdan que el rechazo a dar una atención médica gratuita a los inmigrantes que no pueden acreditar su falta de recursos es solo el principio del problema. ¿Qué ocurre por ejemplo con los pacientes crónicos a los que una petición burocrática imposible de cumplir les niega la tarjeta sanitaria? Pues que no reciben la atención que precisan. "Tienen que acudir a urgencias cuando estén mal, pero no pueden tener un seguimiento adecuado", apunta un doctor que tuvo responsabilidades de gestión con el anterior Govern. Lo mismo explica el doctor Reyero, de Médicos del Mundo, que avisa de que la reacción del inmigrante cuando se les exige el pago es "escapar". "La mayoría no firma el compromiso de pagar en diez días". Simplemente, no pueden. O temen.
El desconocimiento por parte de los inmigrantes y la falta de información por parte de los gestores del IB-Salut lleva a situaciones esperpénticas, como que en los últimos meses cinco inmigrantes distintas hayan dado a luz con la misma tarjeta sanitaria. "En el IB-Salut utilizaron ese ejemplo para describir los abusos que, según ellos, se comenten con la tarjeta sanitaria. Es el peor ejemplo que podían poner: teniendo en cuenta que la ley garantiza a las embarazadas la atención pública gratuita, el hecho de que recurriesen a la misma tarjeta solo quiere decir que algo se está haciendo rematadamente mal y que no se están respetando los derechos de los inmigrantes. ¿Desde cuándo es un abuso que paran cinco mujeres? Si utilizan la misma tarjeta es porque están esquivando así una barrera que no tendría que existir, porque la atención al parto es un derecho recogido en la ley", razona Reyero, que se congratula de que en los últimos días el IB-Salut haya decidido dar marcha atrás y no cobrar la atención ni a niños ni a embarazadas.
Pruebas clave inaccesibles
Aunque siguen saltándose a la torera los derechos de los enfermos urgentes. Según la ley, los inmigrantes tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública de urgencia, pero lo cierto es que se les pide 140 euros cuando acuden a los servicios de emergencias hospitalarias. Y a eso se añade después el coste de pruebas diagnósticas básicas pero muy lesivas para un bolsillo vacío. "Se llega al sinsentido de cobrarles en concepto de "atención urgente", cuando la ley se la garantiza", confirma Reyero, que sabe que en muchos casos los inmigrantes se están refugiando en organizaciones benéficas para salir adelante cada vez que se les quiebra la salud.
Lea la noticia completa en la edición impresa
