El gobierno ha abierto un expediente sancionador a Spanair por la abrupta cancelación de sus vuelos, que le podría suponer multas de hasta 9 millones de euros. A ello hay que añadir las quejas y el desconcierto de los pasajeros que han quedado en tierra porque les cobraban más de lo anunciado al ser recolocados.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer la notificación a Spanair de la apertura de un expediente sancionador contra la empresa, sus gestores y administradores. La aerolínea ha podido incurrir en dos infracciones consideradas "muy graves", sancionadas con una multa de hasta 4,5 millones de euros cada una, además de la retirada de licencia, afirmó la ministra.
Así lo ha considerado el equipo jurídico del ministerio, según el cual la primera infracción se refiere al artículo 37.3 de la ley 21/2003 de seguridad aérea que establece la obligación de asegurar la continuidad en la prestación del servicio. Este cumplimiento, unido a que se han causado daños superiores a 15.000 euros, como también recoge la norma, y provocado la suspensión de servicios aeronáuticos, da lugar a una infracción muy grave y a una multa que puede llegar hasta 4,5 millones de euros y a la retirada de la licencia.
En cuanto a la segunda infracción, se trata de la vulneración del artículo 3721 de la ley 21/2003 de seguridad aérea que establece la obligación de ejercer las actividades con respecto a los derechos de los pasajeros que están regulados en el reglamento comunitario.
Preguntada sobre la responsabilidad de la Generalitat de Cataluña en la crisis de Spanair, Pastor señaló que ésta institución ha estado afrontando y "arrimando el hombro en todo momento, en un problema cuyo génesis no le corresponde".
