TV Mallorca, dependiente del Consell Insular, suspende pagos

Radio i Televisió de Mallorca S.A se convertirá en la primera empresa participada exclusivamente por capital público que solicita el concurso de acreedores en Balears. A los expertos consultados no les consta que otra empresa financiada con fondos públicos haya incurrido en lo que antes se denominaba suspensión de pagos. Su consejo de administración integrado por representantes de los partidos políticos del Consell de Mallorca acordó ayer la drástica decisión. Los siete miembros del PP votaron a favor y los tres restantes del PSOE y PSM se abstuvieron.

El concurso deja en el aire una quincena de productoras y pequeños proveedores a los que se adeuda cerca de 1,5 millones de euros. A los problemas financieros del Consell de Mallorca y el empeño de María Salom por cerrar la cadena se sumó la sentencia favorable a la constructora FCC y que obliga a la televisión insular a hacer una provisión de 12 millones de euros por el proyecto frustrado de la posesión de Son Puig. En la citada finca, el Consell gobernado por Maria Antònia Munar proyectó la sede de la televisión a cambio de un canon anual de 2,8 millones de euros durante 40 años. El traslado no se ejecutó y FCC recurrió a los tribunales.

Las productoras agrupadas en torno a la asociación APAIB se oponen a la decisión del consejo de administración de Radio i Televisió de Mallorca S.A, adoptada a última hora de la mañana. "Se ha tomado sin un informe jurídico claro", afirman, y con el propósito de que a los miembros del consejo no les pidan "responsabilidades personales si deciden pagar antes de que llegue el embargo de las cuentas por el caso Son Puig".

Las productoras se han llevado un chasco después de que la semana pasada les pusieran la miel en los labios. "El jueves 19 nos dieron la noticia de que habían transferido desde el Consell 900.000 euros y de que empezarían a hacer los pagos de forma inmediata ya que el tiempo corría en contra ante el inminente embargo", relata Josep Mallol, gerente de APAIB. "Sin embargo, el pasado martes nos comentaron que hay voces jurídicas que aconsejan no hacer ningún movimiento bancario de la cuenta por la posibilidad de incurrir en una responsabilidad penal", prosigue. "Diferentes abogados han afirmado que no hay ningún problema en hacer movimientos en la cuenta hasta que el embargo no se haga efectivo. [...] José Manuel Carrillo [director general del ente nombrado por el PP para dirigir la liquidación] no se ha destacado por mantener una relación fluida con las productoras, si no más bien por desinformar y despistar con afirmaciones que no ayudan a solventar la situación", concluye la APAIB.

Por su parte, el conseller insular de Presidencia, Jaume Juan, califica la resolución del consejo de administración de "ejercicio de responsabilidad" y "única salida" a la situación de la empresa. "Cuando entré me dijeron que tenía superávit y lo cierto es que dejará 35 millones de agujero" a las arcas públicas, precisa. "Entiendo la prudencia del consejo. Cuando hay un embargo, la situación ya no es la misma", apunta en referencia a la decisión de frenar el pago de los 900.000 euros en el último momento. "La voluntad es pagar porque el trabajo está hecho y es de justicia que sea así", remacha Jaume Juan.

Sin embargo, esa decisión ya no se encuentra en su mano, sino en la del juez de lo mercantil, siempre y cuando existan activos para repartir.