El fiscal pide 8 años a Matas y le acusa de planificar el contrato falso de Alemany

Malversación, falsedad, prevaricación, fraude contra la administración y tráfico de influencias. Estos cinco delitos son los que la fiscalía Anticorrupción imputa al expresident Jaume Matas y pide que cumpla ocho años y medio de prisión. Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau presentaron ayer el escrito definitivo de acusación contra el exministro, al que imputan ahora nuevos delitos, aunque la pena de prisión que se le reclama es la misma que al inicio del juicio. Pedro Horrach será quien hoy tomará la palabra para defender esta dura acusación contra un expresident.

El Govern, a través de la letrada de la comunidad autónoma, pide las mismas penas que el fiscal.

Si contundente es la acusación contra Matas, todavía lo es más contra el periodista Antonio Alemany, autor de los discursos del expresident. De los cinco años y medio de cárcel que pedía inicialmente Anticorrupción, ahora se le reclama siete años y tres meses. Al periodista le imputan malversación, fraude a la administración, falsedad, prevaricación, fraude a las subvenciones y tráfico de influencias. Además de la pena de cárcel, en el aspecto económico, a Alemany se le reclama una multa de 560.000 euros, más una indemnización al Govern de 217.098 euros por las subvenciones recibidas ilegalmente. En total, la cifra suma los 777.098 euros.

El escrito del fiscal también incluye a los otros acusados. Salvo para Dulce Linares (la exjefa de Gabinete del president) a la que se le retira la acusación, Anticorrupción pide que se condene a los otros tres imputados a diferentes penas, que en ningún caso supondrían el ingreso en prisión. A María Umbert, que también fue jefa de Gabinete de Matas, se le acusa de malversación y se pide contra ella ocho meses de prisión. El escrito del fiscal recoge el pacto alcanzado con Joan Martorell, exjefe de comunicación del Govern Matas, y con el empresario Miguel Romero. Al primero le imputan los delitos de malversación y fraude, con las atenuantes de confesión y reparación del daño, y se le pide dos años de prisión, por lo que en el hipotético caso de que fuera condenado no ingresaría en la cárcel. De hecho, su abogado anunció que aceptaba esta propuesta.

Con respecto al empresario Miguel Romero, la fiscalía le imputa los mismos delitos que a Martorell. Aunque inicialmente se reclamaba cuatro años de prisión para este acusado, y en cumplimiento del acuerdo, la fiscalía pide ahora una pena de un año y siete meses, que tampoco supondría el ingreso en la cárcel.

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