El Govern se plantea recurrir a la línea ICO para pagar a los proveedores

También autoriza la refinanciación de 300 millones en bonos patrióticos y otros 145,3 de deuda bancaria

mateu ferrer palma

El Govern balear se plantea recurrir a la línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) anunciada el martes por el ministro Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para resolver los problemas de liquidez de las autonomías: "No descartamos acogernos en absoluto a esta línea", respondió ayer al respecto el vicepresidente económico, José Ignacio Aguiló.

Este abundó en que el Ejecutivo de José Ramón Bauzá "estudiará todas las posibilidades" para poder adelantar los pagos a los empresarios a los que adeuda. Montoro explicó ayer mismo que la línea ICO para que las Comunidades puedan afrontar pagos pendientes con sus acreedores "podría estar lista en un par de meses".

El máximo responsable de las finanzas autonómicas afirmó que el Govern "es consciente de que los proveedores están soportando una parte importante de esta crisis financiera", añadiendo que es una prioridad del Govern el saldar los pagos pendientes con ellos.

Pese a admitir el retraso en dichos abonos, Aguiló no dio ningún calendario de plazos en el que puedan cobrar los proveedores con facturas pendientes por parte del Govern, y destacó que aunque sea "poco a poco, ya están cobrando".

Según el vicepresidente, "a medida que vaya aumentando la estabilidad presupuestaria" de la Comunidad Autónoma, los proveedores "irán cobrando más rápidamente". A juicio de Aguiló, el nuevo Gobierno central está sentando las bases para acelerar esta estabilidad.

Reunión extraordinaria

Aguiló hizo estas manifestaciones tras dar cuenta del acuerdo del consejo de gobierno reunido ayer de forma extraordinaria y sin la presencia del presidente Bauzá –que está en Fitur–. Así, se autorizó la emisión de deuda pública por un importe de 445,3 millones de euros. De esta cantidad, 300 millones servirán para pagar la emisión de bonos patrióticos emitidos por el anterior Govern Antich autonómico en 2010, cuyo valor asciende a 300 millones de euros más otros 14 de intereses, y el resto se destinará a saldar operaciones de crédito pendientes con los bancos.

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