La conselleria de Salud está incumpliendo flagrantemente la ley del aborto al obligar a las mujeres que quieran abortar a adelantar el dinero de esta intervención quirúrgica. Ya que, según especifica la ley orgánica en vigor desde julio de 2010, “la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma. Si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación”.
Quizá sea éste el motivo del encabezamiento de la nota interna que fue remitida el pasado martes a las dos de la tarde a las gerencias de los hospitales públicos de las islas y que éstas, a su vez, rebotaron durante el día de ayer a los principales afectados por todo este desbarajuste, los servicios de ginecología. En el citado encabezamiento se aclara la forma de actuar con la IVE no terapéutica “a la espera de recibir información jurídica respecto al procedimiento a seguir”. Desde el Servei de Salut no supieron aclarar qué información jurídica estaban esperando recibir.
Mientras tanto, en los servicios de ginecología de los hospitales públicos no daban crédito a la manera en la que el Servei de Salut está gestionando su obligación legal de dar esta prestación sanitaria y el anuncio de la consellera Castro de suspender el concierto con las clínicas privadas para que fuera asumida por los hospitales públicos.
Lea la noticia completa en la edición impresa
