Mujeres derivadas por los hospitales abortan en clínicas privadas pagándolo de su bolsillo

Es un derecho recogido por ley, pero en Balears los abortos ya los pagan las mujeres de su propio bolsillo. La decisión del Servei de Salut, plegándose a los intereses de diferentes asociaciones antiabortistas, de suspender los conciertos que mantenía con las clínicas privadas para garantizar el derecho de todas las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo ya arrastra sus primeras consecuencias.

Según pudo saber ayer este diario, en estos dos primeros días lectivos del año ya han sido varias las mujeres que, derivadas por centros sanitarios públicos, han acudido a clínicas privadas abortistas para interrumpir su embarazo y han tenido que pagárselo de su bolsillo cuando esta prestación sanitaria está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Esto es, que es obligación del Servei de Salut garantizarla y, además, de una manera totalmente gratuita.

Las tres clínicas privadas autorizadas para hacer este tipo de intervenciones en Palma –Aurora Clinic, Centro Médico Aragón y E.M.E.C.E.– confirmaron ayer que en estos dos primeros días del año han recibido a clientas remitidas por "otros centros sanitarios" y que, como no podía ser de otra manera, han sido atendidas aunque posteriormente se les ha cobrado por el servicio. Y es que, como todas estas clínicas se encargaron de recordar, desde comienzos de este año el Servei de Salut no se hace cargo del pago de estas intervenciones.

Con sobres

"Sí, hemos recibido pacientes de otros centros y estamos dando cita para el próximo día 15 para realizar ecografías", confirmaron en el Centro Médico Aragón. "Seguimos atendiendo a pacientes remitidas por la Seguridad Social, aunque cobrando por los servicios porque se ha suspendido el concierto. Y seguimos cumpliendo con los requisitos que marca la ley, como el de entregar el sobre a las mujeres que solicitan someterse a una interrupción voluntaria del embarazo", respondían desde Aurora Clinic haciendo referencia a la documentación que se ha de entregar a toda mujer que quiera someterse a esta intervención explicándole las ayudas por maternidad a las que tiene derecho.

En la otra clínica privada que realiza estas interrupciones del embarazo en Palma, E.M.E.C.E., también confirmaron que en estos dos primeros días lectivos del año ya han atendido a clientas que venían "con sobres facilitados en otros centros sanitarios". Lo que llama la atención de todo este asunto es que el Servei de Salut, a mediodía de ayer, todavía no se había puesto en contacto con ningún servicio de ginecología de los hospitales públicos de la isla para diseñar una estrategia o dotarles de medios para hacer frente a la previsible demanda de abortos una vez suspendido el concierto con las clínicas abortistas.

Esta circunstancia ya fue denunciada por el jefe de ginecología de Son Espases, Manuel Usandizaga, que, en una entrevista concedida a este diario, confirmó que a mediados del pasado mes todavía no se le había comunicado que este nuevo año tendrían que asumir todos los abortos. El responsable de Son Espases, que se declaró objetor ante este tipo de intervenciones cuando ocupó su plaza en el año 1986, dudó de que la sanidad pública pudiera asumir todas las interrupciones voluntarias del embarazo si no se habilitaban más quirófanos y más medios para llevarlos a cabo.

Según los últimos datos disponibles, de los 3.295 abortos realizados en esta comunidad en 2010, tan solo 147 se hicieron en hospitales públicos. Aquí cabe recordar que con la nueva ley del aborto, en vigor desde julio de 2010, las mujeres pueden interrumpir libremente su embarazo en las 14 primeras semanas de gestación sin aducir ningún motivo.

Preguntado por este asunto, el ex conseller de Salud y portavoz adjunto del PSOE, Vicenç Thomàs, reveló que desde los servicios de ginecología de los hospitales públicos están reclamando explicaciones a la conselleria de Salud sobre cómo actuar para asumir esta realización de abortos que, recordó, es una prestación sanitaria garantizada por ley.

"Al igual que yo, los actuales responsables de Salud tienen un problema. Pero la diferencia es que yo contaba con una solución (en relación al concierto para derivar estas operaciones a las clínicas privadas) y ellos no la tienen", advirtió Thomás, que también reveló que la mayoría de ginecólogos del hospital de Son Espases y el comarcal de Inca se están declarando objetores para no realizar este tipo de intervenciones.