La investigación del duque de Palma, Iñaki Urdangarín, sobre sus actividades del Instituto Nóos sigue su cauce y los problemas judiciales a los que se enfrenta el yerno del Rey complican el caso porque existe un vacío normativo que regule si los miembros de la Familia Real se pueden dedicar o no a actividades empresariales.
Diversos expertos como el catedrático de Derecho Constitucional de la Uned, Antonio Torres del Moral, mantienen que la situación que vive la Casa Real no se daría si existiera un estatuto jurídico que regulase a los miembros de la Familia Real. Esta normativa, apuntan los expertos, debería regular un conjunto de incompatibilidades para salvaguardar el prestigio de la Corona. Así, el estatuto debería, por ejemplo, prohibir que los miembros de la Familia Real se dedicasen a actividades empresariales para evitar que pudieran salpicarla. Asimismo, debería determinar cómo pueden renunciar a los derechos sucesorios. A pesar de que el duque de Palma en sus declaraciones haya querido desvincular a la Casa del Rey de sus "actividades privadas", los expertos señalan que es inevitable que los ciudadanos relacionen el nombre de Urdangarín al Rey porque la infanta doña Cristina es miembro de la Familia Real y su matrimonio con Urdangarín lo vinculan a ella.
En el supuesto caso de que el duque de Palma sea imputado por sus actividades en el Instituto Nóos, los entendidos en asuntos monárquicos apuntan a la posibilidad de que Urdangarín sea apartado de la Familia Real. De hecho, ya han salido rumores sobre la posibilidad de dejar fuera a las infantas y sus consortes de la Corona pero fue desmentido por la Zarzuela. ¿Y el papel de la infanta Cristina? Para desvincular la Corona de las investigaciones del duque de Palma y preservar la imagen de la Corona, hay dos opciones: el divorcio de la infanta y así Urdangarín dejaría de formar parte de la Casa Real o la renuncia de la infanta de los derechos sucesorios.
