Mientras en el Reino Unido cien economistas de todo credo se conjuran estos días para cargar contra los recortes con los que el Gobierno de derechas de Cameron "ha agravado la crisis", en España, Balears se destaca como la comunidad que más empleo destruye en sus servicios públicos. Sobre todo desde las elecciones de mayo. Con el president Bauzá los trabajadores públicos y los negocios que de ellos se alimentan directa o indirectamente lo tienen más duro que con en tiempos del president Antich. El socialista se limitó a eliminar en sus últimos dos años 9.500 empleos públicos de los 8.400 que había creado en los dos primeros años de legislatura, pero a Bauzá de momento solo le ha dado tiempo a pasar la cuchilla: desde que el PP empezó a aplicar en Balears (y solo en Balears) la tradicional receta liberal de recortar plantilla en la administración, 5.700 trabajadores han dado con sus huesos en la cola del paro.
Lo certifica el Instituto Nacional de Estadística, que revela que el año pasado trabajaban entre julio y octubre en los organismos y entes públicos 73.200 personas, un plantilla que con la llegada del PP al Govern se ha encogido hasta 67.500. Y eso son 5.700 expulsados del mundo del trabajo público, que se suman a los miles que engrosan la lista de desempleados generada por las empresas privadas. La tormenta es así perfecta: rayos sobre el sector privado, centellas sobre el público y una inundaciones de parados: 109.600 personas quieren hoy trabajar y no pueden. Y aún es septiembre. Si se repite la evolución de los dos últimos años, este invierno se presenta con una amenaza que congela el ánimo: que el mercado laboral de las islas rompa el techo histórico de 144.000 desempleados marcado hace un año. Se cumpliría de este modo el análisis del ministro de Trabajo, tan falaz para el conjunto de España como atinado para Balears: aseguraba la semana pasada Valeriano Gómez, en argumento que repetían machaconamente los portavoces del PSOE en todo el territorio español, que el desastre plasmado en los últimos datos de paro está relacionado directamente con los despidos acometidos en el sector público por las autonomías. El análisis parecía ser un tortazo directo al PP, que desde junio gobierna todas las autonomías, salvo, Euskadi y Cataluña, aún socialistas, y otras cuatro comunidades en manos de nacionalistas o regionalistas de derechas.Pero Gómez miente o se equivoca: la realidad es que en Balears sí crece el paro por la destrucción de empleo público, pero no en España ni en la mayoría de las comunidades que la componen, que en total mantiene ya a 2,8 millones de funcionarios.
Porque mientras Mallorca lidera la destrucción de empleo público desde las pasadas elecciones autonómicas de mayo, en el conjunto del país la bolsa de trabajadores públicos está cada vez más inflada. ¿Responde eso a que Balears es el alumno descarriado que entierra dinero en trabajadores públicos a paladas? Responden los sindicatos: ni de lejos. "Somos una de las comunidades con menos funcionarios", abunda Miguel Ángel Romero, responsable de Servicios Públicos de UGT. ¿Arrima el sindicalista el ascua a su sardina como el ministro de Trabajo o en este caso dice la verdad? Pues los datos le dan la razón al de UGT. Balears es la tercera comunidad que menos empleados públicos paga. Según los datos del Registro de Personal, tiene 67.500, es decir, 50 trabajadores con nómina a cargo de la caja de todos por cada mil baleares, lejos de la media de 59 trabajadores públicos por cada mil españoles, o de los 86 funcionarios por mil habitantes del paraíso del empleo público: Extremadura.
La administración más corta
Y eso si se cuenta a los trabajadores de todas las administraciones, porque si se compara solo la cifra de empleados al servicio de la comunidad resulta que el Govern es el que menos funcionarios paga. Hay 27.247. O traducido: 24 trabajadores en nómina por cada mil baleares. ¿Son muchos? Pues depende de a quien le pregunte, pero la realidad es que ninguna comunidad paga a menos. La media es de 30 funcionarios autonómicos por millar de ciudadanos, con un pico máximo, ya saben, en la comunidad que más trabajadores públicos alimenta, Extremadura (42 por millar de extremeños).
¿Quiere eso decir que Extremadura, también gobernada por el PP, ha metido la tijera a sus servicios públicos desde el cambio de gobierno con tanto brío y escabeche como Balears? Pues no. Ni Extremadura con el PP ni nadie con ningún partido. Mientras la austeridad de Bauzá contribuía a cepillar de la nómina de empleados públicos a 5.700 trabajdores (un 7,78% de recorte), el PP extremeño se cobraba 2.200 empleos (un 2,2% de reducción). Claro que habrá quien piense que la tibieza en el ajuste extremeño tiene que ver con el hecho de que allí el PP depende del visto bueno de Izquierda Unida para gobernar. Pero no: si se analizan todas las comunidades se llega a la conclusión de que la virulencia del Govern balear no tiene igual. En su apuesta liberal, José Ramón Bauzá es más papista que el papá y que Dolores de Cospedal: la presidenta manchega y secretaria general del PP español lleva las riendas de la comunidad con las cuentas más ahogadas, pero, lejos de recortar empleo público, la manchega y su mantilla engordan un 1,29% la plantilla, sumándole entre julio y septiembre 2.100 efectivos al ejercito de trabajadores públicos de Castilla La Mancha.
El PP balear, el más duro
¿Casualidad? Podría ser el caso, pero no parece: otras dos comunidades gobernadas por el PP desde hace tres décadas, con problemas de caja y deuda tan acusados como los baleares, destacan como las que más han aumentado las plantillas públicas desde las elecciones. Son Valencia y Murcia, campeonas de la creación de empleo público. Mientras en Balears el PP de Bauzá alimentaba el paro con despidos públicos, en tierras murcianas el PP de Valcárcel sumaba 11.500 empleados a una región con cifras similares a las del archipiélago. Pese a ello, en Murcia cuentan con 101.000 trabajadores públicos mientras la islas disponen de 56.330 (la mitad bajo batuta del Govern). El PP valenciano, por su parte, ponía en nómina pública a 15.800 trabajadores más. Y lo mismo hacían el recién estrenado Gobierno del PP en Aragón (6.000 empleados más), y hasta uno de los más criticados por los sindicatos, el de Esperanza Aguirre: Madrid añadía 17.100 efectivos a su plantilla.
Balears tiene así el doblemente dudoso honor de ser la comunidad con menos funcionarios en su administración y la que más trabajadores públicos elimina. Tanto es así que, para llegar a la media de funcionarios de otras comunidades, Balears necesitaría contratar a 5.900. ¿Los contratarán Bauzá y sus chicos? A la espera de que el Govern acabe en los próximos días los presupuestos que ya aprobó el lunes, los dirigentes del Govern lo dejan claro: no. Aunque en política nunca se sabe. Los eslóganes a veces son solo eso, eslóganes. Vean los presupuestos de la austeridad aprobados por el PP, que suponen en realidad un fuerte aumento de gastos respecto al pasado año. Aunque el Govern ofrece explicación: hay que pagar a los bancos. ¿Y los proveedores? Pues siguen sin plan de cobro.
