­El president del Govern, José Ramón Bauzá, aclaró ayer que la hipoteca a favor de la Caixa Rural de Balears, de 803.297,22 euros con la que adquirió en 2007 un piso en la Plaza LlorençVillalonga, de Palma, frente al Parc de la Mar, no es por diez años sino por "420 meses, es decir, 35 años". Asimismo aseguró que ni él ni su esposa se desplazaron "en ningún Porsche" para formalizar la compra de la citada vivienda en Sa Calatrava, entre otros motivos porque, según afirma, él "nunca" se ha subido a un Porsche.

Bauzá comentó ayer a DIARIO DE MALLORCA que en 2007 adquirió un piso de 130 metros cuadrados -tasado con los desembolsos adicionales en cerca de un millón y medio de euros-"con absoluta nitidez y transparencia" y afirmó que la situación de irregularidad que afecta al edificio no está relacionada con su propiedad. Aseguró que, como propietario, es "más bien una víctima de la compra más que un beneficiado", después de que el Tribunal Supremo anulara en mayo el acuerdo de Cort que aprobaba el diseño del edificio al considerar que era "contrario al ordenamiento jurídico". La irregularidad, según Bauzá, se debe a "volúmenes que afectan al ático, pero no a mi vivienda".

Bauzá realizó estas explicaciones a Diario de Mallorca tras la publicación de la noticia de que el actual gobierno municipal del popular Mateu Isern legalizará el edificio con una reforma del Plan General. El president aseguró que "jamás" se ha puesto "en contacto con nadie del ayuntamiento, ni político, ni técnico ni administrativo", desvinculándose de la decisión municipal.

Bauzá usó su cuenta de la red social facebook para explicar la adquisición del piso. Ahí, resaltó que "nada tiene que ver la situación legal o ilegal de este edificio" con el hecho de que él sea propietario de un piso: "Nada he hecho ni nada haré para que sea legal o ilegal", añadió.

En el contencioso inicial, la entidad la Sirenita S.L. había demandado al ayuntamiento de Palma ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que lo desestimó al considerar que se trataba de un "error intrascendente". Bauzá compró su vivienda poco después de este pronunciamiento del TSJB, cuando parecía que jurídicamente no existían ya problemas. Sin embargo, el recurso ante el Supremo cambió la situación.

El alto tribunal decidió declarar "la nulidad de pleno derecho del pleno del ayuntamiento de Palma que aprobó el estudio de detalle" del inmueble afectado. Agregó que "la Administración ha de actuar siempre ´con sometimiento pleno a la ley y al Derecho´, como dispone la Constitución, lo que aquí no se ha hecho". Propietarios que, al igual que Bauzá, adquirieron un piso han anunciado acciones ante los vendedores a causa del final de este contencioso por la decisión del Supremo, que deja el inmueble fuera de ordenación.