La conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Govern está trabajando en una ley para desbloquear las 1.500 hectáreas de urbanizaciones y complejo urbanísticos que paralizó el Pacto de Progreso entre 2007 y 2008. El objetivo del departamento que dirige el conseller Gabriel Company, a instancias del president, José Ramón Bauzá, es el de autorizar estas urbanizaciones y complejos de ocio para reactivar la economía isleña y evitar las demandas millonarias de los promotores. En estos momentos el Govern cuenta con reclamaciones de responsabilidad patrimonial por valor de 948 millones de euros. Todas ellas corresponden a las urbanizaciones desclasificadas por el Pacto de Progreso.
Según ha podido saber este periódico, ayer mismo se produjo una importante reunión entre los responsables de Territorio del Govern y del Consell de Mallorca. Sobre la mesa estaba la derogación del Decreto Ley 1/2007, que entre otras iniciativas paralizó el complejo de ocio y comercial de ses Fontanelles, y la Ley 4/2008, que reconvirtió en Área Natural de Especial Interés (ANEI) diez urbanizaciones proyectadas en suelo urbano de Mallorca y Eivissa. Esta última es conocida como la "Ley de Medidas Urgentes para un Desarrollo Territorial Sostenible". Se trata de una de las normativas estrella de la pasada legislatura, ya que fue una de las pocas leyes que se sacaron adelante con el acuerdo de todos los socios del Pacto.
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