El pleno del Consell de Mallorca aprobó ayer una subida de la tasa de Inspección Técnica de Vehículos del 1,9 por ciento y otra de la tarifa del peaje del túnel de Sóller del 3,2 por ciento para este año, un incremento que el anterior Gobierno insular dejó sin aprobar y que corresponde a los previstos en los contratos con las concesionarias por el IPC. La subida de la ITV salió adelante con los votos a favor del PP y el PSOE y en contra del PSM-IV-ExM, mientras que en el caso del túnel de Sóller socialistas y la coalición nacionalista optaron por la abstención.

El responsable insular de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Carreteras, Mauricio Rovira, acusó al anterior Gobierno insular presidido por la socialista Francina Armengol de "irresponsabilidad" por no haber aplicado esta subida en enero, ya que el retraso en la revisión obligará ahora al Consell a abonar "150.000 euros a la concesionaria del túnel de Sóller y 130.000 euros a la de la ITV".

El ex responsable de Hacienda del Consell, el socialista Antoni Alemany, recordó que la subida de la ITV no se llevó al pleno porque el PP "dijo que votaría en contra ya que en un momento de crisis consideraba que este aumento debía asumirlo el Consell". Dado que el Gobierno de Armengol se encontraba en minoría, no se hubiera podido aprobar. En cuanto al PSM-IV-ExM, justificó su voto en contra en que lo lógico era aprobar también ya la subida que habrá que aplicar en 2012. Rovira consideró que, aunque fuera cierta la versión de Alemany, el anterior Gobierno debía haber presentado las propuesta de incremento ante el pleno por "responsabilidad".

En cuanto al peaje del túnel de Sóller, Rovira aseguró que el actual Gobierno insular negociará con la concesionaria y hará "lo posible" para evitar en los próximos años incrementos de la tarifa que afecten a los usuarios de manera "tan directa". Sobre el retraso en aprobar este incremento, Alemany explicó que se debía a la postura de la concesionaria que ponía "en duda" la situación de los residentes, que pagan menos.

El pleno también aprobó una moción del PP para instar al Gobierno del Consell a no subir la tasa de residuos el próximo año. La iniciativa contó con el respaldo del PSOE, a pesar de las dudas mostradas por los socialistas respecto a qué ocurrirá una vez pasado el próximo año. El PSM se abstuvo al considerar que el PP debería comprometerse a mantener esta tasa congelada durante toda la legislatura.

Asimismo se aprobó, con los votos a favor del PP y del PSM-IV-ExM y la abstención del PSOE, solicitar un crédito de 17,7 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para hacer frente a las deudas de la administración insular. De este total, 15,4 millones son deuda del propio Consell; 1,2 millones, del Imas y 902.545 euros, de la Radio y Televisión de Mallorca (RTVM). Precisamente la Plataforma por la Continuidad de RTVM criticó ayer que el ente insular haya avanzado parte del pago pactado "a la empresa encargada de la liquidación del medio público insular, mientras retiene pagos a los proveedores".

En el debate en el pleno sobre la petición del crédito al ICO, la presidenta del Consell, María Salom, criticó al PSOE y al PSM-IV-ExM de la "herencia pésima" que ha recibido, con unas arcas insulares "en números rojos" cuya "responsabilidad exclusiva" es de los grupos que ahora estan en la oposición. La responsable insular de Hacienda, Margalida Roig, también criticó duramente a PSOE y PSM, que emplazaron al Gobierno insular a exigir al Govern que pague al Consell los 240 millones que le debe.

Roig criticó en especial la gestión financiera de Alemany en la pasada legislatura. Como demostración, explicó que el ex conseller de Vivienda del anterior Govern, Jaume Carbonero, anuló antes de las elecciones autonómicas el pago al Consell de 25 millones para el mantenimiento de carreteras para este año. Alemany admitió que desconocía que hubiera ocurrido esto, si bien consideró que es obligación del Consell reclamar estos fondos y que, en todo caso, el Govern ya debía las cantidades por este concepto correspondientes a 2009 y 2010. Mauricio Rovira explicó que el Consell debe 29,5 millones a las empresas contratistas de obras de carreteras, de los cuales 13,2 millones se pagarán con parte del crédito solicitado al ICO.