La consellera de Salud, Carmen Castro, aseguró ayer que el Govern no reducirá "las prestaciones sanitarias" a pesar de que la deuda del Ibsalut, que "a 30 de junio ascendía a 518 millones de euros", le obligará a reducir el gasto. Castro realizó estas declaraciones durante su comparecencia en comisión parlamentaria para exponer las líneas generales de la gestión que realizará. "Nuestra intención es mejorar el sistema sanitario para garantizar su sostenibilidad futura", sostuvo la consellera quien insistió en que las medidas para recortar gastos se centrarán en aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos.

La titular de Salud no detalló si reducirá personal interino, aunque sí aseguró que no se cerrará ningún Punto de Atención Continuada (PAC). Entre las medidas de eficiencia que mencionó, destacó su intención de reducir los alquileres con iniciativas como el traslado de gran parte de sus servicios administrativos al antiguo Son Dureta.

Además, resaltó la notable disminución de altos cargos del Ibsalut como respuesta a las críticas de la oposición, en especial del exconseller y actual diputado socialista, Vicens Thomàs, por su falta de concreción respecto a cómo se traducirán los recortes que contempla el plan de saneamiento de las arcas autonómicas. "Estamos haciendo recortes progresivos y el número de cargos directivos del Ibsalut ha pasado de 98 a 53, mientras que el anterior Govern tenía 23 cargos más en Gesma", replicó la consellera a su predecesor.

Agregó que la gestión sanitaria del Govern será "más austera y se prescindirá de lo prescindible, como por ejemplo de las estructuras hipertrofiadas llenas de cargos innecesarios". En este sentido, afirmó que su gestión se basará en "ajustar, de tal modo que no se hará nada que no se pueda pagar, y en la transparencia, lo que significa que no se hará nada que no se pueda explicar". Añadió que estos criterios serán la base para hacer frente a la mala situación económica del Ibsalut, provocada por la crisis y por el "desvío presupuestario" del que culpó al anterior Ejecutivo.

Ante las dudas mostradas por Thomàs y por Josefina Santiago, de PSM-IV-ExM, sostuvo que el plan de saneamiento económico del Govern "no habla ni de privatizar hospitales o servicios sanitarios ni tampoco de copago". A pesar de estas promesas, Thomàs insistió en que "nadie se cree" que los recortes previstos en el plan de saneamiento "no vayan a afectar a las prestaciones sanitarias", una duda que también mostró Santiago.

Junto a ello, el diputado socialista emplazó a Castro a presentar ya los datos de las listas de espera. La consellera recordó que las listas de espera se dan a conocer cada seis meses y se comprometió a comparecer ante la comisión del Parlament para ofrecer estos datos antes del 19 de octubre, cumpliendo así con el plazo semestral.

En cuanto a la deuda con el sector farmacéutico, la responsable de Salud precisó que asciende a 52 millones de euros y se comprometió a no incrementarla hasta final de año.