El funcionario que denunció las presuntas irregularidades cometidas en el servicio de recogida de basuras del Consell de Mallorca, que dio origen al llamado caso Cloaca, se ratificó ayer ante el juez y acusó a las empresas concesionarias de cobrar por toneladas de residuos que no recogían sus camiones.

Este empleado, que declaró como imputado, explicó al juez que era cierto que las empresas concesionarias se habían quejado de las pérdidas económicas que se estaban produciendo, debido a que el Consell había autorizado a varios ayuntamientos para que se realizara una recogida de residuos puerta a puerta. Recordó que había asistido a una reunión, convocada por una empresaria, en la que se le planteó la posibilidad de cambiar el sistema de facturación, que consistía en mantener los mismos ingresos que antes de que se autorizara la recogida domiciliaria. El funcionario afirmó que contestó que no se podía plantear esta cuestión porque las concesionarias habían firmado un concurso público con unos determinados precios y que no se podían cambiar las condiciones.

Este funcionario explicó que fue a partir de 2010 cuando le nombraron responsable de firmar todas las facturas de gestión de residuos y que se negó a firmarlas al descubrir las irregularidades. Explicó que, pese a su cargo de responsabilidad en este departamento insular, no solía dar órdenes a los otros funcionarios (dos de ellos están imputados), aunque teóricamente debían informarle de lo que estaban haciendo. Puso en duda que tanto el director insular de residuos, Guillem Riera, como estos dos funcionarios tuvieran potestad para autorizar el cambio de facturación, y sostuvo que esta decisión correspondía a la consellera, Cati Julve, o bien al pleno del Consell. Según declaró, se enteró del cambio de facturación tres años después de su aplicación.