El Govern está dispuesto a negociar una rebaja de los sueldos para mantener puestos de trabajo de entre los 800 que podrían ser despedidos por la reestructuración de las empresas públicas anunciadas por el Ejecutivo el miércoles, según afirmó ayer el portavoz del Govern, Rafael Bosch. Este anuncio no tranquilizó a los representantes sindicales, que consideran que el Govern sigue anunciando sus intenciones y medidas a través de los medios de comunicación sin sentarse antes a negociar con los agentes sociales.

Katiana Vicens, secretaria general de CC OO, afirmó que "difícilmente se puede tener una opinión sobre esa posibilidad de rebajar sueldos cuando no se sabe en qué consistiría esta medida ni a cuánta gente afectaría". Para la dirigente sindical el Ejecutivo sigue "haciendo política mediática" que "sólo crea alarma social e inseguridad a los trabajadores".

En el mismo sentido se expresó Andrés Bou, presidente del CSIF, quien valoró que "al menos el Govern parece que está dispuesto a negociar algo, aunque los sindicatos nos sigamos enterando de esta disposición a través de los medios de comunicación". No obstante, en lo que se refiere a la posibilidad de rebajar los sueldos para poder mantener puestos de trabajo, coincidió con Katiana Vicens en que "no se puede opinar sin ver exactamente y con documentos en qué consistiría y cuántos puestos se mantendrían".

El portavoz del Govern no concretó ayer estas cuestiones ya que, según dijo, cada caso es diferente y entre los 800 trabajadores afectados existen distintos tipos de contratos. "Se harán todas las negociaciones necesarias", dijo Bosch quien explicó que en cada Conselleria se han formado comisiones para analizar todas estas cuestiones.

Junto a ello, afirmó que para llevar a cabo la reestructuración de empresas públicas reduciéndolas de 168 a 76, con el fin de ahorrar 115 millones de euros, el Govern no ha "aprovechado" los informes realizados en la pasada legislatura por el Ejecutivo de Francesc Antich con este fin, a pesar de que en algunos casos se hubiera pagado a quienes lo realizaron. Como ejemplo, puso un estudio encargado en septiembre de 2006 que costó 106.200 euros y que concluía con la propuesta de integración del Ibavi y el Ibisec. "Esta propuesta no nos ha aportado nada", precisó Bosch quien aseguró que el Govern ha basado su decisión en "criterios de eficiencia y eficacia".

Bosch efectuó estas declaraciones tras la reunión del Consell de Govern. Además de la reducción de empresas públicas y el despido de 800 trabajadores que implica esta medida, salvo que se logre negociar alguna alternativa como la de la bajada de sueldos, el también conseller de Educación explicó que en la próxima mesa sectorial de educación planteará la posible ampliación de las horas lectivas de los profesores a 20 dentro de "la franja horaria de 37,5 horas de los funcionarios docentes". Esta medida, según el Govern, supondrá un importante ahorro a las arcas autonómicas. Bosch agregó que el Govern ya está "en conversaciones" con los sindicatos "para negociar distintas cuestiones de cara al próximo curso escolar, como las medidas de austeridad que se aplicarán"

Por otro lado, el Ejecutivo aprobó distintas partidas destinadas a sanidad. Entre ellas, acordó dedicar 1.594.000 euros para el suministro de vacunas el próximo año, así como 301.662 euros para vacunas contra el virus de la papiloma. Además, acordó destinar 2,4 millones de euros al programa de atención dental infantil entre 2013 y 2014 y se aprobó la prórroga del servicio de transporte sanitario aéreo entre islas por una cuantía de 941.965 euros.